La petición de arresto por presuntos crímenes de guerra se extiende también al que fuera hasta hace unos días ministro de Defensa, Yoav Gallant. Leer La petición de arresto por presuntos crímenes de guerra se extiende también al que fuera hasta hace unos días ministro de Defensa, Yoav Gallant. Leer
En una medida sin precedentes en la historia de Israel, la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza. Asimismo, ha dictado una orden de detención contra el jefe del brazo armado del grupo islamista Hamas, Mohamed Deif, aunque éste fue declarado muerto por Israel en un ataque en julio.
De esta forma, el tribunal formado por tres jueces en La Haya rechaza las impugnaciones de jurisdicción de Israel y acepta la solicitud formulada por el fiscal general, Karim Khan, el pasado 20 de mayo que también incluyó a los líderes de Hamas, Ismail Haniyah y Yahiya Sinwar. Mientras el primero fue asesinado en Teherán el pasado 31 de julio, el cerebro del ataque terrorista del 7 de octubre que desató la masiva ofensiva israelí murió el pasado 16 de octubre por fuego israelí en el devastado enclave palestino.
El Gobierno y la oposición en Israel se unieron en la sorpresa en la condena rotunda de lo que definen como «decisión política contra una democracia que se defiende» y «premio al terrorismo» mientras Hamas se mostró satisfecha al señalar que «la justicia internacional está con nosotros». Estados Unidos rechazó la decisión y criticó «los preocupantes errores procesales del fiscal que llevaron a esta decisión». El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, recalcó que la orden de arresto no es política y «debe ser respetada y aplicada». Así lo ha pedido Khan en su primera reacción al anuncio.
Sobre Netanyahu y Gallant, «la Sala encontró motivos razonables para creer que son cada uno de ellos responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hambre como método de guerra; y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos», reza la decisión acusándolos de privar «intencional y conscientemente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad, al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024».
«Las órdenes de detención se clasifican como secretas con el fin de proteger a los testigos y salvaguardar el desarrollo de las investigaciones», indica el tribunal que en relación a los ataques contra civiles israelíes considera a Deif, comandante de las Brigadas Al Qassam, «responsable de los crímenes contra la humanidad de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como de los crímenes de guerra de asesinato, tratos crueles, tortura, toma de rehenes, ultrajes a la dignidad personal y violación y otras formas de violencia sexual».
La dramática decisión de CPI fue anunciada cuando Netanyahu estaba reunido con el emisario estadounidense, Amos Hochstein, en el marco de los contactos para poner fin a la guerra con la milicia libanesa Hizbulá.
«Israel rechaza categóricamente las acciones y acusaciones absurdas y falsas en su contra por parte de la CPI que es un organismo político parcial y discriminatorio», reaccionó el primer ministro denunciando que «la decisión fue tomada por un fiscal jefe corrupto que intenta salvar el pellejo de los graves cargos que se le imputan por acoso sexual, y por jueces parciales motivados por el odio antisemita hacia Israel».
«Kahn mintió cuando dijo a los senadores estadounidenses que no actuaría contra Israel antes de llegar al país y escuchar su versión», protestó Netanyahu que aseguró: «Ninguna decisión antiisraelí evitará que Israel defienda a sus ciudadanos».
Las autoridades israelíes confían en la ayuda de Washington que se opone rotundamente a las medidas en La Haya. Netanyahu y Gallant, que fue destituido por el primero el pasado 5 de noviembre, se arriesgan a ser detenidos si viajan a 124 países firmantes del Estatuto de Roma que incluyen todos los miembros de la UE pero no por ejemplo EEUU. Varios ministros exigen tomar medidas contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que fue clave en el proceso contra Israel tras adherirse al Estatuto de Roma en 2015. «Se trata de una decisión histórica», elogian desde Ramala.
Aunque la medida apunta solo a dos individuos israelíes con el efecto práctico de limitar sus viajes, se trata del mayor golpe jurídico e internacional contra su país con posibles consecuencias más allá del daño a su imagen. «Este es un día oscuro para la justicia. La escandalosa decisión de la CPI, tomada de mala fe, ha convertido la justicia universal en un hazmerreír universal y ha puesto en ridículo el sacrificio de todos aquellos que luchan por la justicia, desde la victoria de los aliados sobre los nazis hasta hoy», denunció el presidente, Isaac Herzog antes de que Netanyahu grabara por la noche un mensaje televisivo en el que por ejemplo denunció: «El mismo tribunal que nos acusa de crímenes ficticios ignora los crímenes de guerra reales. Atroces crímenes de guerra cometidos contra nosotros y contra muchos otros en el mundo».
«La decisión eligió el lado del terrorismo y el mal sobre la democracia y la libertad y convirtió al propio sistema de justicia internacional en un escudo humano para los crímenes contra la humanidad de Hamas», concluyó Herzog.
Hamas hizo un llamamiento a CPI «para que amplíe el alcance de la rendición de cuentas a todos los líderes de la ocupación criminal». «Independientemente de la posibilidad de implementación, la verdad que ha sido revelada es que la justicia internacional está con nosotros y contra la entidad sionista», afirmó el dirigente de Hamas, Izzat al-Risheq. Según él, «esta mayor conciencia y exposición del verdadero rostro terrorista de la entidad ocupante redunda en interés de la causa palestino». Otro portavoz, Basem Naim, admitió que es un «paso importante para hacer justicia a las víctimas» pero avisó que es limitado «si no cuenta con el respaldo de prácticamente todos los países para que esta decisión se implemente».
Hace 412 días, Hamas lanzó un ataque sin precedentes en el sur de Israel causando la muerte de 1.200 personas y el secuestro de otras 250 (101 aún en cautiverio) lo que desató una ofensiva israelí también sin precedentes. El ministerio de Sanidad bajo control de Hamas anunció este jueves que desde entonces causó más de 44.000 palestinos muertos señalando que la mitad son mujeres y niños en la Franja de Gaza en la que alrededor del 90% de sus habitantes ha sido desplazada. En Israel, donde se habla de unos 18.000 efectivos de Hamas muertos, cerca de 1.800 personas (entre civiles y miembros de organismos de seguridad) han muerto desde el 7-O incluyendo soldados en las operaciones terrestres en la Franja de Gaza y el sur del Líbano.
A diferencia de lo que ocurre entre Israel y Hizbulá, la negociación de un alto el fuego en Gaza está paralizada.
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