El real decreto ley aprobado este martes por el Gobierno para sufragar la dependencia supone que el año que viene todas las comunidades autónomas verán doblado, o prácticamente doblado, el dinero que reciben por parte del Ministerio de Derechos Sociales. Lo que se ha hecho es elevar lo que se conoce como el nivel mínimo garantizado de financiación, la principal vía con la que el Ejecutivo contribuye a costear el sistema, y a través de la cual se transfiere una determinada cantidad a las autonomías por cada persona atendida, teniendo en cuenta el nivel de apoyo que necesite. Según las estimaciones que ha realizado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, La Rioja será la comunidad que, en términos absolutos, recibirá la inyección más moderada, con 16,5 millones más respecto a lo que habría percibido sin el incremento que se ha aprobado (lo que supone una subida del 97%) y Andalucía, la mayor, con 635,9 millones más (un incremento del 99%).
El año que viene todas las autonomías verán doblada, o prácticamente doblada, la aportación estatal, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales
El real decreto ley aprobado este martes por el Gobierno para sufragar la dependencia supone que el año que viene todas las comunidades autónomas verán doblado, o prácticamente doblado, el dinero que reciben por parte del Ministerio de Derechos Sociales. Lo que se ha hecho es elevar lo que se conoce como el nivel mínimo garantizado de financiación, la principal vía con la que el Ejecutivo contribuye a costear el sistema, y a través de la cual se transfiere una determinada cantidad a las autonomías por cada persona atendida, teniendo en cuenta el nivel de apoyo que necesite. Según las estimaciones que ha realizado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, La Rioja será la comunidad que, en términos absolutos, recibirá la inyección más moderada, con 16,5 millones más respecto a lo que habría percibido sin el incremento que se ha aprobado (lo que supone una subida del 97%) y Andalucía, la mayor, con 635,9 millones más (un incremento del 99%).
El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó un real decreto ley que supone la mayor inyección del Gobierno en dependencia hasta ahora. A partir del 1 de julio, las comunidades autónomas, que ostentan la competencia exclusiva en la gestión del sistema, empezarán a recibir más dinero. El texto, eso sí, deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados en un momento complicado a nivel político, aunque dado que tanto los grupos nacionalistas como la oposición han reclamado financiación múltiples veces, se prevé que puedan recabarse los apoyos necesarios. El ministro ha defendido que la votación coincida con la del proyecto de reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia, que afrontan ahora la recta final de su tramitación parlamentaria, que prevé una mejora de los servicios y avanzar hacia un sistema más centrado en respetar la voluntad y la autonomía de los usuarios.
Según los cálculos de Derechos Sociales, en 2027 el ministerio transferirá a las comunidades autónomas más de 7.200 millones de euros, frente a los más de 3.700 de 2025 (que incluyen 500 millones que se aprobaron el año pasado, de forma extraordinaria, para sufragar las ayudas a los enfermos de ELA y otras enfermedades irreversibles). Con esta inyección, el ministerio estima que sufragará el 50% de lo que cuesta la ley, frente al otro 50% que aporten las comunidades, un compromiso que viene recogido en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar y una reivindicación de las autonomías (en 2024, la aportación estatal fue del 27%).
¿Esto en qué se traduce para las comunidades autónomas? Solo teniendo en cuenta el citado nivel mínimo de financiación, implica que recibirán más dinero por cada persona atendida: para los grado I, el nivel más moderado, pasarán de 76 euros a 90; para los grado II, de 130 a 260; para los grado II, el más grave, de 290 a 660 euros.
¿Y a nivel global, no solo por cada beneficiario de la ley? Para poder esbozar el cambio en cada comunidad, el equipo de Bustinduy ha partido de las últimas cifras oficiales. A finales de mayo había 1,7 millones de personas con una prestación reconocida. Teniendo en cuenta ese número, ha calculado cuánto dinero habría percibido este año cada autonomía sin el incremento presupuestario; y cuánto dinero recibirá tanto este año como el que viene tras la inyección económica. Se trata de estimaciones conservadoras, ya que es previsible que el número de beneficiarios vaya subiendo, como lleva años sucediendo. En cualquier caso, para todas las autonomías implica una fuerte subida: desde el 90,4% para Navarra al 105,6% para Comunidad Valenciana (no sube por igual en todas las regiones porque depende de cuántas personas haya en cada grado).
Esto solo teniendo en cuenta el nivel mínimo garantizado. Pero además existe lo que se conoce como nivel acordado de financiación, un dinero que se destina a sufragar la ley, pero que no tiene que dedicarse exclusivamente a los servicios o prestaciones de cada persona dependiente, sino que también puede usarse para fines más burocráticos, por ejemplo, contratación de personal o logística. El real decreto ley aprobado este martes contempla también un aumento de 121 millones de euros en esta partida, que se suma a los 783 millones presupuestados para este fin (en los últimos Presupuestos, de 2023, que se han ido prorrogando desde entonces). El próximo lunes, se celebrará una reunión entre el ministerio y las comunidades para tratar el reparto de estos más de 900 millones.
En cualquier caso, ya hay previsto un sistema acordado entre las autonomías y Derechos Sociales con los criterios para hacerlo, en función, entre otras variables, del cumplimiento de objetivos como la bajada de la lista de espera o que las comunidades mantengan su financiación y no la recorten respecto a la media de lo invertido en los años anteriores. Según un análisis publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales el pasado mayo a partir de los documentos oficiales en los que se planteaba el reparto de nivel acordado para este año (sin tener en cuenta los 121 millones recién aprobados), ocho comunidades pierden financiación por incumplir objetivos (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Madrid). Es decir, que ante la posibilidad de que en los próximos años, con el incremento presupuestario del Gobierno, las comunidades decidan recortar su propia aportación, se enfrentan a una penalización en el reparto de esta vía de financiación.
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