La CEOE prepara una ofensiva contra las medidas laborales pendientes para la recta final del año Leer La CEOE prepara una ofensiva contra las medidas laborales pendientes para la recta final del año Leer
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Arranca el curso y se reavivan las tensiones entre los empresarios y el Gobierno. Antes de irse de vacaciones, la patronal ya marcó sus líneas rojas sobre una serie de medidas que quiere sacar adelante el Ministerio de Trabajo y que, a su juicio, atentan contra la libertad de organización de las empresas. Ya a la vuelta del verano se encuentran con la primera en el Consejo de Ministros de este mismo martes. Se trata de un decreto que firma Yolanda Díaz y que, entre otras cosas, endurece el marco legal para blindar a los trabajadores durante el periodo de prueba de los contratos. Y desde la organización que preside Antonio Garamendi ya avanzan a EL MUNDO que están estudiando la posibilidad de recurrirlo en los tribunales.
La vicepresidenta segunda reactiva su agenda reformista, bloqueada desde hace meses por la oposición frontal de los empresarios y por el rechazo que algunas de sus iniciativas generan dentro de la propia coalición, en concreto, en el área económica que pilota el vicepresidente primero Carlos Cuerpo. Con él tiene pendiente concretar la prometida reforma del registro horario, que ambos acordaron retomar en septiembre tras el demoledor informe del Consejo de Estado. Entre tanto, y a la espera de que esa negociación fructifique, Díaz ha optado por sacar adelante vía decreto algunas medidas de menor calado, pero con notable impacto en el tejido empresarial.
Una de ellas es la transposición parcial de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, pendiente desde hace cuatro años. El retraso ya ha derivado en una denuncia de Bruselas ante la justicia europea y, para evitar una millonaria sanción, Díaz ha optado por aprobar un real decreto que incorpore a la legislación laboral el grueso de la norma comunitaria. En concreto, exige a las empresas una mayor transparencia en la información que deben facilitar a los trabajadores en los contratos sobre condiciones laborales básicas como los sueldos o la jornada. Y además endurece el marco que regula el periodo de prueba, obligando a justificarlo en un mayor grado para mejorar la protección de los trabajadores ante los abusos que, desde la reforma laboral, han derivado en una avalancha de despidos de trabajadores supuestamente indefinidos que no superan esta fase de prueba.
Inicialmente, el Ministerio de Trabajo quería limitar el periodo de prueba por ley a un máximo de seis meses para evitar que los convenios puedan ampliarlo más allá de este tope que fija el Estatuto de los Trabajadores. Pero esa iniciativa lleva dos años atascada en la compleja aritmética parlamentaria del Congreso de los Diputados. Por eso, y ante la imposibilidad de modificar la duración del periodo -ya que requeriría de una norma con rango de ley- Díaz se ha decantado por la vía del decreto para endurecer las condiciones a través de un nuevo reglamento que obligue a las empresas a justificar al máximo el periodo de prueba o sus eventuales ampliaciones.
Según explican fuentes de Trabajo recogidas por EFE, el objetivo es que el límite de seis meses en la duración del periodo de prueba sólo pueda ser ampliado por convenio en los casos en que se justifique de manera razonada, por ejemplo, por ausencia del trabajador a causa de una enfermedad o un permiso o por la naturaleza del empleo (puestos directivos o ejecutivos). De este modo, la norma persigue ‘causalizar’ el periodo de prueba y obliga a dejar constancia en los contratos laborales de su duración y de en qué consiste tal periodo, es decir, qué pruebas ha de pasar el trabajador o qué habilidades debe demostrar para considerar que ha superado o no el periodo de prueba.
Con todo, la CEOE considera que el texto «aborda materias propias de una ley» y, por tanto, la patronal «recurrirá en los tribunales». Así lo avanzan fuentes de la cúpula de la organización empresarial al tanto de la evaluación que han llevado a cabo sus servicios jurídicos internos. En este sentido, fuentes oficiales de la CEOE explican que la patronal «hizo alegaciones en el trámite de consulta por la Ley de Gobierno» y «también en el Consejo de Estado, tanto a preceptos concretos del articulado como a la referencia explícita a que el real decreto venía a modificar cuestiones del Estatuto de los Trabajadores, vulnerando el principio de jerarquía normativa y de legalidad, porque el Estatuto tiene rango de ley y no se puede modificar mediante un reglamento, que es lo que están haciendo».
Estas fuentes oficiales confirman que la organización está «valorando la posibilidad» de recurrirlo, aunque matizan que «es algo que todavía no se ha decidido». No obstante, dirigentes empresariales consultados por este medio sí se aventuran ya a asegurar que la patronal llevará este decreto ante la Justicia. Y auguran también una recta final de año «caliente», con una «ofensiva» liderada por Garamendi contra «todas las leyes del Gobierno que suponen injerencias en la negociación colectiva y en la libertad de organización de las empresas». Por delante tienen iniciativas como el registro horario, la ley de transparencia salarial, la reforma del despido o los cambios en las reglas de compensación y absorción de los complementos retributivos para impedir que las empresas incluyan los pluses en el sueldo base para no aplicar la subida del SMI.
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