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Hace más de una década, los legisladores de Ohio eximieron a las empresas tecnológicas de los impuestos sobre las ventas de servidores informáticos y otros equipos necesarios para los centros de datos, apostando a que unas exenciones por valor de millones de dólares atraerían al estado las inversiones que tanto necesitaba.
La estrategia funcionó y convirtió a Ohio en uno de los principales destinos para los centros de datos. Sin embargo, el auge de la inteligencia artificial disparó el valor de la exención fiscal, elevándolo a más de 1.500 millones de dólares el año pasado —una cifra más de diez veces superior a la estimación inicial del estado—. La indignación de los votantes, surgida tras la publicación de un informe del medio Signal Ohio sobre la magnitud de esta medida, llevó al gobernador republicano Mike DeWine a suspender en mayo la tramitación de nuevas solicitudes para dicha exención del impuesto sobre las ventas.
Ahora, algunos legisladores estatales, incluido el representante demócrata Tristan Rader, quieren derogar la exención del impuesto sobre las ventas y renegociar acuerdos anteriores con empresas como Amazon.com, Meta Platforms y Google, de Alphabet, las cuales obtuvieron exenciones durante décadas al firmar contratos con las autoridades. En varios estados, las exenciones para los gigantes tecnológicos han superado los 1.000 millones de dólares anuales.
«Parece que tienen muchísimo dinero y pueden construir sin necesidad de este tipo de incentivos», afirmó Rader, quien propone nuevos impuestos para los centros de datos y exige que los promotores paguen más por la electricidad y la infraestructura eléctrica. Representa a zonas de Cleveland donde los residentes se han opuesto a estas instalaciones, y espera que las nuevas medidas de presión obliguen a las empresas a sentarse a negociar.
Una dinámica similar se está desarrollando en todo el país, ya que legisladores o gobernadores de más de diez estados —entre ellos Illinois, Nueva Jersey y Washington— han frenado en seco los beneficios fiscales. Estos cambios de postura ponen de manifiesto cómo los líderes estatales, que en su día acogieron las instalaciones que impulsan el auge de la inteligencia artificial como un motor económico, ahora las consideran un lastre político.
Decenas de otros estados, incluido Texas, han propuesto proyectos de ley o medidas similares que podrían costarle al sector miles de millones de dólares en beneficios fiscales. Según ejecutivos y asesores de la industria, esto podría llevar a que los futuros proyectos se trasladen a estados como Indiana, Virginia Occidental y Wyoming, que han mantenido regímenes fiscales favorables.
Los representantes de la industria argumentan ante las autoridades estatales que otros impuestos que pagan contribuyen a financiar las escuelas y los cuerpos de policía locales, y advierten que la eliminación de los incentivos obligará a los centros de datos a trasladarse a otros estados.
Amazon informó que ha invertido cerca de 40.000 millones de dólares en centros de datos en Ohio desde 2015, generando miles de empleos, y que el año pasado pagó casi 11 millones de dólares en impuestos estatales sobre la propiedad y tasas. Por su parte, Meta señaló que ha destinado más de 2.300 millones de dólares a sus centros de datos en el estado desde 2018 y ha pagado más de 40 millones de dólares en impuestos sobre la propiedad y tasas durante ese período.
Google declinó hacer comentarios, al igual que la oficina de DeWine.
La ofensiva contra estas disposiciones fiscales es el ejemplo más reciente de la oposición que está surgiendo en todo el país contra la inteligencia artificial, impulsada por la preocupación por su consumo de energía y agua, una dinámica que los candidatos siguen de cerca de cara a las elecciones de noviembre. Recientemente, John Perkins, concejal de Independence (Misuri), perdió su cargo después de votar a favor de conceder miles de millones de dólares en incentivos fiscales para un centro de datos.
«Nuestra industria se ha visto obligada a ponerse a la defensiva», afirmó Steve DelBianco, director ejecutivo de NetChoice, una organización de la industria tecnológica que se opone a la regulación. DelBianco señaló que esta reacción adversa se basa en información errónea y que ha advertido a las autoridades estatales de que eliminar los incentivos perjudicaría a sus economías.
El presidente Trump ha instado a los votantes a acoger estas instalaciones, a pesar de que encuestas recientes muestran que la gran mayoría de los estadounidenses no desea tener centros de datos cerca de sus hogares. «Si quieren que su estado o municipio se enriquezca, pagar menos impuestos, generar una enorme riqueza y aumentar el valor de sus viviendas —entre otras cosas—, querrán tener un centro de datos», declaró el viernes. «Si, en cambio, quieren sufrir pobreza, delincuencia y miseria, entonces les diría que no aprueben los centros de datos».
Más de 35 estados ofrecen exenciones del impuesto sobre las ventas o beneficios similares a los desarrolladores de centros de datos. Este tratamiento fiscal es un elemento clave de la financiación, ya que los chips informáticos y los servidores de estas instalaciones representan una parte considerable de los costes de los proyectos, y además estos equipos se sustituyen cada pocos años. Según los ejecutivos del sector, evitar este impuesto —que a menudo oscila entre el 6 % y el 7 %— sobre equipos valorados en cientos de millones o incluso miles de millones de dólares es un factor determinante a la hora de decidir dónde ubicar un centro de datos.
Las exenciones son, en ciertos aspectos, similares al tratamiento de las compras de insumos para las fábricas realizadas por los fabricantes, que está diseñado para evitar la acumulación en cascada de distintas capas del mismo impuesto sobre un mismo producto.
Muchas de las exenciones para centros de datos incluyen objetivos específicos de inversión y creación de empleo. Los gobiernos locales también han ofrecido reducciones del impuesto sobre la propiedad para atraer estos centros, que, a largo plazo, pueden generar ingresos para financiar las escuelas y los cuerpos policiales.
Los cambios en los impuestos federales también han mejorado la viabilidad económica de la construcción de centros de datos. La ley fiscal republicana del año pasado restableció las deducciones inmediatas por la compra de equipos que, de otro modo, estarían sujetos a amortización. Asimismo, los futuros centros podrían acogerse al programa de «Zonas de Oportunidad» (Opportunity Zones), que pronto ofrecerá mayores beneficios fiscales para determinadas inversiones en zonas rurales.
Hace una década, cuando estados como Ohio aprobaron disposiciones fiscales, los centros de datos tenían una fracción de su tamaño actual y se utilizaban para dar servicio a sitios web y servicios de streaming.
El estado se volvió inusualmente atractivo. Incluidos los incentivos, la tasa impositiva efectiva de Ohio para los centros de datos era del 1,2 % a finales de 2025. Esta era la tasa más baja de los 15 estados analizados por el equipo de Economía Cuantitativa y Estadística de la firma contable EY. California, en el extremo opuesto de la escala, registraba una tasa impositiva efectiva del 16,9 %.
El frenesí que siguió al lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 y las inversiones tecnológicas por valor de cientos de miles de millones de dólares hicieron que las exenciones resultaran mucho más lucrativas. Esto sorprendió a muchos estados y provocó una rápida reacción en contra.
«Definitivamente sucedió a hipervelocidad debido a la hiperescalabilidad», afirmó Tim Schram, especialista en impuestos estatales y locales de la firma contable BDO.
En 2024, Nueva Jersey aprobó un crédito fiscal de 500 millones de dólares para centros de datos tras una votación unánime del Senado estatal. El mes pasado, el estado canceló los 250 millones restantes, después de que el Senado votara en sentido contrario, con 35 votos a favor y 4 en contra.
Incluso los estados que mantienen sus exenciones están tomando medidas para que las empresas tecnológicas paguen más. Virginia, el estado con mayor número de centros de datos, aprobó recientemente un impuesto sobre la electricidad consumida por los operadores de estos centros, al tiempo que mantenía la exención del impuesto sobre las ventas para los equipos.
Ohio, Arizona e Illinois se han vuelto menos atractivos tras suspender o eliminar sus exenciones, señaló Ian Boccaccio, de la firma fiscal Ryan. Indicó que estaba instando a sus clientes del sector de los centros de datos a considerar otros incentivos fiscales a la inversión que los estados ofrecen a las empresas. A largo plazo, según los observadores del sector, estas instalaciones reportan demasiados beneficios como para que los gobiernos puedan renunciar a ellos.
«Se trata de una moda pasajera», dijo Boccaccio refiriéndose a la oposición, «y dentro de dos años ya no tendremos estos problemas con los centros de datos».
Contenido con licencia de The Wall Street Journal.
Traducido del inglés por Jasmin Gómez Fattah
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