“El dinero de los ciudadanos, donde mejor está, es en su bolsillo”. Pocas frases han hecho tanta carrera en la política española reciente. Resume una idea aparentemente sencilla: menos impuestos, menos Estado y más libertad. El problema aparece cuando llegan los incendios, las catástrofes, una crisis sanitaria o una emergencia en la frontera. Entonces descubrimos que hay riesgos que ningún bolsillo, por abultado que sea, puede afrontar por sí solo.
Existen riesgos que, por su dimensión, incertidumbre o ausencia de rentabilidad, solo pueden ser asumidos colectivamente
“El dinero de los ciudadanos, donde mejor está, es en su bolsillo”. Pocas frases han hecho tanta carrera en la política española reciente. Resume una idea aparentemente sencilla: menos impuestos, menos Estado y más libertad. El problema aparece cuando llegan los incendios, las catástrofes, una crisis sanitaria o una emergencia en la frontera. Entonces descubrimos que hay riesgos que ningún bolsillo, por abultado que sea, puede afrontar por sí solo.
Este verano vuelve a demostrarlo. Ante incendios simultáneos y de enorme intensidad, distintas comunidades autónomas han reclamado al Estado más medios y una mayor intervención. Algunas de ellas son precisamente las que han convertido las rebajas fiscales en una de sus principales señas de identidad. Pero cuando el fuego avanza y los recursos propios no bastan, nadie celebra pagar menos impuestos si eso significa disponer de menos medios. Se reclama entonces al Estado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil y, sencillamente, se exige que estén allí cuando se los necesita.
Y deben estar. Porque esa es precisamente una de las funciones esenciales del Estado: disponer de recursos suficientes para hacer frente a aquello que individualmente no podemos resolver.
Pero los incendios plantean además una cuestión previa. El fuego no se combate únicamente cuando las llamas ya están descontroladas. Se combate durante todo el año limpiando montes, manteniendo cortafuegos y disponiendo de brigadas profesionales, estables y con condiciones de trabajo dignas. La prevención cuesta dinero y ofrece una peculiaridad poco atractiva para el mercado: si funciona, aparentemente no ocurre nada. No produce dividendos ni ofrece una rentabilidad inmediata. Precisamente por eso solo los poderes públicos pueden garantizarla.
El contraste presupuestario resulta revelador. Andalucía destina 271,6 millones al Plan Infoca; Castilla y León, 169,6 millones al Infocal; Madrid, 52,7 millones al Infoma. Las comunidades autónomas tienen competencias fundamentales en prevención y extinción, pero cuando la dimensión de la emergencia supera sus capacidades aparece inevitablemente el Estado. Y aparece con medios que no se improvisan cuando empieza el incendio: existen porque fueron financiados antes.
Algo parecido sucede cuando se produce una crisis en la frontera. Ante una llegada extraordinaria de personas, una ciudad puede verse sometida en pocas horas a una presión imposible de gestionar con sus propios medios. Hay que proteger la frontera, garantizar la seguridad, atender humanitariamente a quienes llegan y movilizar efectivos suficientes. En ese momento nadie propone dejar la soberanía nacional en manos del mercado ni convocar un concurso entre empresas privadas para ver quién ofrece el servicio más barato. Se reclama Guardia Civil, Policía, Fuerzas Armadas, protección civil y capacidad de coordinación. Se reclama Estado.
No debería sorprendernos. Existen riesgos que, por su dimensión, incertidumbre o ausencia de rentabilidad, solo pueden ser asumidos colectivamente. Incluso buena parte de las innovaciones que después identificamos con el éxito empresarial nacieron de una inversión pública inicial que asumió riesgos que el capital privado no estaba dispuesto a soportar. Internet, el GPS o la pantalla táctil son buenos ejemplos. La iniciativa privada llegó después, cuando una parte sustancial del riesgo ya había sido asumida con recursos públicos.
Lo mismo sucede con servicios mucho más cotidianos. Un hospital público no necesita “dar beneficios” para ser rentable socialmente. Tampoco una escuela, un parque de bomberos o una brigada forestal. Su rentabilidad consiste precisamente en que estén disponibles cuando los necesitamos y en que su existencia no dependa del patrimonio de quien enferma, estudia o pierde su casa en un incendio.
Por eso el debate sobre los impuestos debería ser algo más serio que una competición para ver quién promete bajarlos más. Naturalmente, los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada euro público se administre con rigor, eficacia y transparencia. Pero una cosa es exigir un Estado eficiente y otra muy distinta pretender un Estado sin recursos y reclamar después que responda con toda su capacidad cuando llega una emergencia.
Los impuestos no son simplemente dinero que desaparece del bolsillo de los ciudadanos. Son también bomberos, médicos, profesores, guardias civiles, hidroaviones, carreteras, investigación y protección social. Son la forma mediante la que convertimos una parte de nuestros recursos individuales en capacidad colectiva para afrontar aquello que ninguno de nosotros podría afrontar solo.
Quizá por eso haya que darle la vuelta a aquella frase tantas veces repetida. El dinero de los ciudadanos está, naturalmente, en sus bolsillos, pero también está protegiéndolos cuando financia un Estado capaz de responder ante los grandes riesgos. Porque querer menos impuestos todos los días y exigir más Estado cuando todo arde no es una política fiscal. Es confiar en que otros hayan pagado antes la factura.
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