Si necesitas agua o comida. Si no sabes dónde colocar la esterilla. Si quieres enterarte de las actividades del día. Si te ha llegado un burofax y tienes que dejar tu piso. Si te han subido un 50% el alquiler. Sea lo que sea, tienes que preguntar a los chicos y chicas que van de naranja, antes con camisetas, ahora cada vez más chalecos. Es el color insignia del Sindicato de Inquilinas, la asociación que lidera la multitudinaria acampada ―miles de personas durmiendo en cientos de tiendas― en la Puerta del Sol. La organización está en el foco mediático desde hace cinco días, cuando decidieron transformar una manifestación contra el desahucio de Maricarmen en un campamento que, para muchos, trae recuerdos del 15M. “Nos vamos a organizar”, dijeron la primera noche. Con esa misma frase, hace nueve años, un puñado de personas se reunió en dos pequeños locales de Madrid y Barcelona para presentar la plataforma que hoy encabeza la lucha por el derecho a la vivienda en España.
La organización nació en 2017 y en nueve años ha pasado de menos de 100 afiliados en la capital a unos 3.000. El grueso de sus ingresos lo obtienen de las cuotas de los miembros y el resto de donaciones y colaboraciones
Si necesitas agua o comida. Si no sabes dónde colocar la esterilla. Si quieres enterarte de las actividades del día. Si te ha llegado un burofax y tienes que dejar tu piso. Si te han subido un 50% el alquiler. Sea lo que sea, tienes que preguntar a los chicos y chicas que van de naranja, antes con camisetas, ahora cada vez más chalecos. Es el color insignia del Sindicato de Inquilinas, la asociación que lidera la multitudinaria acampada ―miles de personas durmiendo en cientos de tiendas― en la Puerta del Sol. La organización está en el foco mediático desde hace cinco días, cuando decidieron transformar una manifestación contra el desahucio de Maricarmen en un campamento que, para muchos, trae recuerdos del 15M. “Nos vamos a organizar”, dijeron la primera noche. Con esa misma frase, hace nueve años, un puñado de personas se reunió en dos pequeños locales de Madrid y Barcelona para presentar la plataforma que hoy encabeza la lucha por el derecho a la vivienda en España.
Era mayo de 2017. “Los movimientos de vivienda vimos que en las asambleas había cada vez más gente con problemas de alquiler. Empezó a ser la mayor demanda y se decide crear el sindicato, con el objetivo, entre otros, de que las cosas se profesionalizaran”, relata Alejandra Jacinto, parte de la comisión jurídica del sindicato y abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). La idea era construir algo grande.
Jacinto, exportavoz de Podemos, proviene de la plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), como muchos de los que se unieron al sindicato al comienzo. La PAH, con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en el núcleo de fundadores, nació mucho antes, en 2009, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la llegada de un nuevo drama: las familias que no podían pagar la hipoteca. Además de paralizar desahucios, la organización reunió un millón y medio de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que reclamaba una moratoria de los lanzamientos. Pero, con el paso de los años y ya superada la emergencia hipotecaria, el foco se desplazó hacia el mercado del alquiler.
Gonzalo Maestro, uno de los miembros fundadores del sindicato, lo explica así: “Planteamos dar un salto a gran escala, a una organización más estable, más estructurada, inspirada en el sindicalismo laboral, con elementos como la afiliación, las cuotas. Replicamos ese modelo para construir una estructura con muchas capas”. Eligieron el nombre de sindicato inspirados en las Tenant Unions o Housing Asociations que existen en países europeos.
De eso hace casi una década, cuando el sindicato de Madrid eran solo cimientos. En 2019 llegaron los primeros afiliados: 92. Y ahora es ya una organización con 3.000 miembros y desplegada en ocho puntos de la capital, que ellos llaman “nodos”, y que también se ha ido reproduciendo en otras ciudades.
En Madrid, las cifras de miembros solo muestran las “afiliaciones con cuota”, porque hasta octubre de 2021 existían también las gratuitas, pero las eliminaron. “Para fomentar la independencia económica”, defienden. No incluyen todavía las de 2026.
Estas cuotas ―de 20 euros al año la más barata a 200 la más cara― son su principal fuente de ingresos (un 87%). El resto son donaciones puntuales (2,2%) y actividades pagadas (10,8%), como charlas o talleres. “No recibimos subvenciones”, matizan en su web. Un 10% de ese dinero lo destinan a la caja de resistencia, un colchón para pagar, por ejemplo, multas. Lo demás se invierte en proyectos (materiales, campañas, gestoría, entre otros) y los salarios de las personas liberadas que trabajan para la organización.
El sindicato está constituido como asociación de consumidores, “para poder llevar a cabo acciones jurídicas y tener herramientas legales”, explica Jacinto. Esa parte de la profesionalización que mencionaba la abogada también pasa por una estrategia de comunicación muy potente, con una estética clara ―letras enormes, siempre en mayúscula, carteles llamativos, lonas desplegadas en los balcones y muchos vídeos― y una presencia constante en redes sociales. Y el naranja butano. ¿Por qué ese? Porque los carteles de “se alquila” han sido históricamente de ese color.
Las caras visibles
Un vistazo rápido en sus redes sociales permite comprobar que el sindicato no tiene una sola cara. Es una de sus máximas, que repiten cada vez que se les pregunta: “Las portavocías son corales”. A lo largo de los años han ido cambiando, pero con cada gran movilización ―y la de ahora es la mayor de todas― son inevitables los nombres propios, que copan titulares y horas de televisión. “Estos son momentos estratégicos en los que decides que a alguien le suene la chica de las mechas rubias o la chica del pelo corto”, dice la chica de las mechas rubias, Valeria Racu, de 31 años. La del pelo corto es su compañera, Alicia del Río. Las dos son los nombres propios de esta movilización.
Racu no quiere hablar de su vida privada, porque no es lo importante, reivindica. Esta semana ha leído numerosos artículos en los que se menciona que nació en Moldavia, pasó su infancia en Madrid, estudió fuera de España, becada por la Fundación La Caixa, que vivió en Londres antes de regresar a Madrid en 2020 o que participó en varias series de televisión. “Si es un ataque, no va a funcionar. Que miren en la vida de quien quiera. El Sindicato de Inquilinas no va a caer porque no va de Valeria, ni de Ali, ni de ninguna persona que está aquí”, se queja desde Sol, minutos antes de dar una rueda de prensa a medios internacionales.
A un kilómetro y medio, Alicia del Río, de 33 años, atiende a la prensa frente a la sede del Partido Popular, en la calle de Génova. La activista nació en Valladolid, estudió Psicología y encontró en la escuela un lugar desde el que combatir la desigualdad. Hoy es orientadora de secundaria y portavoz del sindicato.
Del Río se afilió tras presenciar numerosos desahucios en Lavapiés, el barrio donde vivía. Un alumno de tercero de la ESO, inteligente y hasta entonces con buenas notas, empezó a mostrarse ausente y a obtener resultados cada vez peores. Una mañana faltó a su cita con la orientadora. Apareció horas después, llorando: la policía había desalojado a su familia de su casa. Eso la motivó a trabajar con otros docentes del sindicato por el derecho a la educación. Después participó en la creación de Menos Lectivas, un movimiento de profesores de la educación pública nacido en 2023.
Tanto Racu como Del Río son portavoces desde 2022 y ambas insisten en que hay muchos más nombres en la organización. “Yo me considero una herramienta del sindicato”, dice Del Río. “Lo que hacemos no se aprende en la universidad. Lo practicamos todos los días, en cada asamblea. No hemos ido a ninguna escuela profesional de comunicación, ninguna de nosotras. Que alguien sabe hablar muy bien en público, otras cinco personas van a saber hacerlo la semana que viene. Que alguien sabe hacer muy bien Excel, otras ocho personas lo van a saber hacer”, añade Racu.
Pagamos y no nos vamos
El modus operandi del sindicato tiene varias patas. Una es la lucha por zonas, donde juegan un papel fundamental las asambleas semanales. Aunque haya problemas compartidos ―la subida del precio del alquiler o las tentativas de desahucio―, la organización analiza la idiosincrasia de cada barrio de la capital y centra sus actuaciones en ello. Por ejemplo, en el “nodo centro”, que abarca La Latina, Retiro, Arganzuela, Malasaña y Chamberí, el foco está en la proliferación de pisos turísticos. Otra pata son los bloques de vecinos en lucha, que celebran sus propias asambleas y cuentan con una figura que los mantiene en contacto con el sindicato, el llamado delegado de bloque. A veces las comunidades de vecinos contactan con ellos, después de verles en televisión o buscarles en redes, y otras son ellos los que, a través del puerta a puerta, se encuentran con las historias.
Pero su acción insignia es el movimiento Nos quedamos, contra los desahucios. “Es la estrategia con la que empezamos y hemos seguido también con Maricarmen. Ante las ferocidades del mundo inmobiliario, lo que había que hacer era plantarse”, comenta Jacinto. En la práctica, significa que emprenden acciones de presión social y mediática, y resistencia ante casos de desalojo por subida del precio del alquiler o no renovación de contrato. Y siempre aconsejan a los inquilinos que, si pueden, sigan pagando, como ocurrió con Maricarmen. El objetivo, explican, es “blindar” un edificio o piso: primero, unir a todos los vecinos; después, denunciar públicamente; y, por último, negociar para que los vecinos puedan quedarse en la casa con un alquiler asequible.
Es la táctica que utilizaron en uno de sus grandes éxitos y también puntos de inflexión. En 2019, cientos de inquilinos de toda la Comunidad de Madrid se organizaron para hacer frente a Blackstone, el mayor gestor privado de activos inmobiliarios de España. “Eso fue una gran victoria judicial y por todo el simbolismo que trajo”, rememora Jacinto. Muchas de las viviendas afectadas procedían de promociones de protección oficial levantadas sobre suelo público y vendidas en 2013 por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a fondos de inversión.
Cuando Blackstone trató de imponer subidas del alquiler de hasta el 100%, los vecinos se coordinaron por bloques, colgaron pancartas y se negaron a abandonar sus casas al terminar sus contratos. “Les plantamos cara”, recuerdan todavía con orgullo en las asambleas de bienvenida que el sindicato celebra estos días en la Puerta del Sol. La resistencia colectiva obligó finalmente al fondo a negociar y, en 2021, 84 familias consiguieron nuevos contratos sin subidas abusivas, con una duración de siete años y otros tres prorrogables. A partir de entonces, las afiliaciones al sindicato despegaron.
Otros dos de sus hitos ―ahora convertidos en símbolos― son Maricarmen y Pepi. Pepi Santiago, de 72 años, fue la cara del bloque de vecinos de la calle de Argumosa, 11, en Lavapiés. Intentaron desahuciarla 11 veces y a la duodécima acabó en la calle. La batalla del edificio se extendió más allá del barrio, como ha ocurrido ahora con Maricarmen Abascal. El caso de la mujer de 87 años, que fue desahuciada hace una semana, ha vuelto a movilizar al Sindicato de Inquilinas y su manual de resistencia se ha trasladado de los portales al kilómetro cero de la capital. “No quedamos”, coreaban el martes. Esta vez, la batalla es más grande: presionar para que el Gobierno apruebe el viernes el decreto de vivienda, que ellos han bautizado como decreto Maricarmen. Hasta entonces, no se quitarán el chaleco naranja.
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