El ejército dispara los ataques aéreos por la creciente pérdida de control territorial Leer El ejército dispara los ataques aéreos por la creciente pérdida de control territorial Leer
Cinco años después del golpe de Estado que devolvió a los generales al poder, Birmania sigue inmersa en una terrible guerra civil abierta, fragmentado entre el Ejército, las milicias prodemocráticas y una constelación de guerrillas étnicas que disputan al Gobierno de Naipyidó las principales rutas comerciales y puestos fronterizos.
La resistencia nació de las protestas pacíficas que siguieron a la asonada del 1 de febrero de 2021. La brutal represión empujó a miles de jóvenes a incorporarse a las llamadas Fuerzas de Defensa del Pueblo, vinculadas al Gobierno de Unidad Nacional, creado por los diputados en el exilio. Estas milicias se aliaron con organizaciones armadas étnicas.
El Ejecutivo golpista conserva las grandes ciudades, los aeropuertos, las principales instituciones y una abrumadora superioridad aérea, pero ha perdido capacidad para gobernar buena parte del territorio. Incapaz de recuperarlo, el Ejército ha intensificado los ataques aéreos, y el fuego de artillería. Escuelas, hospitales, monasterios, mercados y campamentos de desplazados han sido alcanzados repetidamente. La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos documentó durante el primer semestre de 2026 más de una docena de matanzas atribuidas a las fuerzas militares, con más de 450 civiles muertos.
Esta organización también había verificado a finales del mes de mayo al menos 8.063 civiles y activistas muertos a manos de los militares o de grupos afines desde febrero de 2021. También se habían contabilizado más de 31.000 arrestos relacionados con la oposición al golpe, de los que más de 14.000 continuaban encarcelados.
La guerra ha provocado además uno de los mayores éxodos internos de Asia. En julio, la ONU calculaba que cerca de 3,8 millones de personas permanecen desplazadas dentro del país. A ellos se suman alrededor de 1,6 millones de refugiados y solicitantes de asilo birmanos que viven en otros países.
Naciones Unidas estima que más de 16 millones de personas -casi un tercio de la población- necesitan asistencia humanitaria. El hambre, el colapso de la sanidad y la destrucción de escuelas han convertido la supervivencia diaria en otra guerra.
A comienzos de año, se celebraron en Birmania unas elecciones que gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos consideraron como una operación diseñada para otorgar legitimidad al régimen. Los principales partidos opositores fueron prohibidos, miles de activistas y políticos encarcelados o exiliados, y no hubo observadores internacionales independientes que dieran credibilidad a los comicios. En la práctica, la democracia de Birmania siguió suspendida. Lo que los actuales líderes llamaron «transición civil» fue, en realidad, un maquillaje institucional sobre un régimen de facto.
El general que encabezó el asalto al poder, Min Aung Hlaing, fue proclamado en abril presidente por un Parlamento dominado por militares. La estrategia había sido calculada al milímetro para transformar la figura del jefe militar en la de un presidente civil. Con ello, el régimen buscaba proyectar una fachada de legitimidad internacional, sin ceder ni un centímetro de poder.
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