Casi ocho de cada 10 trabajadoras del hogar creen que tendrán que seguir trabajando después de jubilarse, según un informe de Oxfam Intermón Leer Casi ocho de cada 10 trabajadoras del hogar creen que tendrán que seguir trabajando después de jubilarse, según un informe de Oxfam Intermón Leer
Elva Villacis, de 69 años, llegó a España cuando el país aún utilizaba la peseta. Lleva más de tres décadas limpiando casas y cuidando a mayores. Alcanzó la edad de jubilación hace cuatro años, pero sigue trabajando porque no reúne los años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva. Aunque emigró desde Ecuador con formación universitaria, como muchas mujeres de su generación pasó largos periodos sin contrato y al margen de la Seguridad Social.
Recuerda que durante años el empleo del hogar se desarrolló sin contrato ni cotización, una realidad que hoy le impide jubilarse. «Ahora tengo 69 años y tengo que seguir trabajando. He dado mi vida, como muchas compañeras. Esto no es culpa nuestra, es la consecuencia de décadas de un sistema que permitió el trabajo en negro, la falta de contratos y que muchos de los empleadores no nos dieron de alta en la seguridad social», denuncia en conversación con EL MUNDO.
Su historia no es una excepción. Los datos de Oxfam Intermón muestran que la precariedad que acompaña a las trabajadoras del hogar durante toda su vida laboral también las persigue al llegar a la jubilación. Un reciente informe identifica un «triángulo de la precariedad», marcado por la informalidad, la temporalidad y la parcialidad, que lastra sus carreras de cotización y explica por qué miles de mujeres afrontan la vejez con pensiones insuficientes o sin prestación.
En España trabajan 565.718 personas en el empleo del hogar y los cuidados, según el documento de Intermón. El 87% son mujeres y el 69% tienen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad, lo que convierte a este sector en uno de los más feminizados y con mayor presencia de población migrante. Además, 158.330 trabajadoras tienen más de 55 años, tres de cada 10 viven en situación de pobreza y unas 70.000 trabajan en situación administrativa irregular.
La precariedad no se limita a la economía sumergida. Entre las trabajadoras mayores de 55 años, el 15,7% sigue sin alta en la Seguridad Social, el 24% tiene un contrato temporal y el 62% trabaja a tiempo parcial, condiciones que dificultan acumular carreras de cotización estables y complican también el acceso a una pensión contributiva.
Para Nerea Boneta, una de las autoras del informe, la precariedad comienza mucho antes que la jubilación. En sus palabras, «la ley de extranjería permite y favorece que haya personas trabajando sin derechos». Como consecuencia, explica a este diario, «si llevas muchos años trabajando sin contrato, aunque te incorpores al mercado formal, todos esos vacíos acaban penalizando tu jubilación, tanto en el número de años como en el importe de la pensión».
Las trayectorias laborales fragmentadas tienen consecuencias directas sobre la jubilación. El 65,9% de las trabajadoras del hogar mayores de 55 años prevé retrasar su retiro más allá de la edad legal porque no reúne los años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva o necesita seguir generando ingresos para llegar a fin de mes.
Rossana Cantero conoce bien ese recorrido. Llegó desde Paraguay hace 18 años y pasó los primeros 12 trabajando sin contrato mientras esperaba regularizar su situación administrativa. Conseguir los papeles alivió parte de esa incertidumbre, pero no cambió sus condiciones laborales. «Se estabilizó un poquito, pero no tanto», resume. Sigue alternando periodos de trabajo sin contrato con empleos en los que cotiza menos horas de las que realmente trabaja.
«Yo he cotizado solamente seis horas hasta ahora. No cotizo las ocho horas que correspondería», explica. Madre soltera, da por hecho que esa situación retrasará su jubilación: «Probablemente me tocará trabajar más años de los que se deben trabajar para obtener una pensión». Y añade que «si ahora mismo, por enfermedad o lo que fuese, me quedo sin trabajar, voy a tener una pensión muy baja».
La inestabilidad laboral no sólo deja huella en las cotizaciones, también se acumula en el cuerpo. Según los datos de Oxfam Intermón el 73% de las trabajadoras del hogar mayores de 55 años ha sufrido dolor de espalda durante el último año y el 70,9% dolor articular. Pero el desgaste también es emocional: el 65,6% afirma haber padecido de estrés, el 59,2% de ansiedad y el 40% presenta síntomas de depresión.
Angelica Lugo llegó desde Venezuela en 2023 para trabajar como cuidadora y, aunque consiguió un permiso temporal, asegura que sus condiciones laborales no cambiaron. Tras sufrir un accidente en el trabajo que le lesionó un brazo, continúa con secuelas. «Hay días en que no puedo dormir», cuenta. A sus 64 años, asume que no podrá jubilarse, «yo no puedo aspirar a una pensión porque solamente tengo ocho meses cotizados. Con la parte emocional y la parte física no doy más».
Ese desgaste también se explica por sus condiciones de trabajo. Desde que llegó a España, asegura que nunca ha ganado más de 850 euros al mes. Trabaja de domingo a domingo y, como cuidadora interna, hay periodos en los que llega a pasar hasta dos meses sin salir de la casa donde trabaja.
Otro de los factores que incide en la precariedad es el propio salario. El informe señala que las trabajadoras del hogar mayores de 55 años perciben unos ingresos medios de 940 euros mensuales. El 64,9% vive de alquiler y destina cerca del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y el 87% asegura que no podrí afrontar un gasto imprevisto superior a 600 euros. Más de siete de cada 10 han renunciado a acudir al dentista por falta de recursos.
La ley general de laSeguridad Socialestablece un mínimo de 15 años cotizados para acceder a una pensión contributiva de jubilación, dos de ellos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de generar el derecho. Llegar a ese mínimo no significa cobrar una pensión completa. Con 15 años cotizados corresponde el 50% de la base reguladora y el porcentaje aumenta a medida que se acumula más tiempo de cotización.
Viorica Vacariuc, de Rumanía, llegó a España en 2005 y, a sus 56 años, sigue intentando completar el tiempo mínimo para acceder a una pensión contributiva. «Me faltan dos años y tres meses para hacer 15 años por lo menos. Y lo que encuentro nadie me da de alta. Tengo que irme sin dar de alta porque no hay remedio. Como ha subido mucho la Seguridad Social, no quieren pagar a casi nadie porque cuesta casi 400 euros», explica a EL MUNDO. Cuando reclama que la den de alta, dice, la respuesta es siempre la misma: «Pues tengo otra chica».
Pero incluso acceder a una pensión contributiva no garantiza dejar atrás la precariedad. En 2024, las trabajadoras del hogar jubiladas recibieron una media de 473,56 euros mensuales, la mitad que las mujeres del resto de sectores. El 49,5% necesitó el complemento a mínimos, que elevó su pensión apenas 710 euros mensuales.
En los últimos años, el sector ha avanzado en derechos laborales. El Real Decreto-ley 16/2022 equiparó su protección con el resto de trabajadores al reconocer el derecho al desempleo, incorporar la cobertura al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y eliminar el despido por desistimiento, que permitía al empleador finalizar el contrato sin alegar una causa. Desde entonces, el despido debe estar justificado.
Pese a estos cambios, Concepción Santodomingo, secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO del Hábitat, coincide que el principal desafío no es la falta de normas, sino garantizar que se cumplan. Explica que el empleo del hogar se desarrolla en domicilios particulares, donde la inspección resulta más compleja y muchas trabajadoras, especialmente migrantes, evitan denunciar para no perder el empleo. «Quien incumple la obligación de dar de alta o cotiza por menos horas de las trabajadas está perjudicando gravemente los derechos presentes y futuros de la trabajadora».
A su juicio, la prioridad debe ser combatir el empleo irregular mediante un refuerzo de la Inspección de Trabajo y un mayor número de actuaciones específicas en el sector. Para ello, defiende que «es necesario facilitar mecanismos de regularización de las cotizaciones cuando pueda acreditarse una relación laboral no declarada y seguir avanzando en la equiparación plena de derechos con el resto de personas trabajadoras».
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