Este 15 de agosto se han cumplido cinco años desde que el régimen talibán recuperó el poder en Afganistán. Cinco años especialmente fatídicos para las mujeres afganas quienes han visto cómo sus derechos, decreto tras decreto, iban retrocediendo. Lo que comenzó con el cierre de las aulas para las adolescentes, ha terminado convirtiéndose en un sistema de exclusión que pretende apartarlas de la educación, del trabajo, de la cultura y, en definitiva, de la vida pública.
Son muchas las mujeres afganas que han descrito esta realidad como una forma de apartheid de género, una regresión que ha avanzado progresivamente y, a la vez, de forma imparable. Fue en septiembre de 2021, apenas unas semanas después de regresar al poder, cuando los talibanes prohibieron que las niñas continuaran la educación secundaria. En diciembre de 2022 llegó la prohibición de acudir a la universidad.
Cinco años después, Afganistán sigue siendo el único país del mundo en el que niñas y mujeres tienen prohibido acceder a la educación secundaria y superior. Según datos de la UNESCO, eso equivale a 2,4 millones de niñas excluidas de la educación secundaria. Una exclusión educativa a la que también sigue la exclusión laboral, tanto en la administración pública como en numerosas organizaciones.
Además, el régimen talibán, también ha restringido la movilidad de las mujeres, desde que no pueden utilizar determinados transportes o acceder a espacios públicos (pasando por las normas sobre vestimenta o la exigencia de ir acompañadas de un familiar masculino). Fue especialmente simbólica la denominada Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio aprobada en 2024 que declaró que las voces de las mujeres no deben escucharse en público.
Y a lo largo de 2026, diversas medidas han complicado aún más la vida de las niñas y mujeres del país al aprobarse un decreto que facilita el matrimonio infantil. Este código establece que el silencio de una niña se puede interpretar como consentimiento para casarse, pero también que padres, abuelos u otros familiares masculinos pueden concertar matrimonios de menores.
Además, una vez dentro del matrimonio, escapar es casi imposible. La violencia doméstica solo queda reconocida como delito en aquellos casos en los que la mujer presenta huesos rotos o lesiones visibles. Son estas las únicas circunstancias en las que puede intentar divorciarse de su marido (cuya pena es de tan solo 15 días de prisión). La propia Organización de Naciones Unidas ha alertado de cómo esto aumenta la exposición de las mujeres a la violencia machista y refuerza la impunidad del agresor.
Sin embargo, en cinco años donde la situación política solo ha institucionalizado y profundizado el control hacia las mujeres y niñas, no podemos dejar de preguntarnos dónde ha estado la comunidad internacional. Puede que varios países hayan condenado las políticas talibanes y la propia Unión Europea haya dejado clara su postura de que el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas es una condición para la normalización de las relaciones con Afganistán.
Pero cabe preguntarse si, a la hora de la verdad, mientras las niñas siguen sin poder volver a las aulas y las mujeres continúan encerradas en un sistema en el que les han despojado de toda autonomía, qué mecanismos adicionales se están dispuestos a utilizar para que las peticiones de igualdad no sean papel mojado y se actúe para defender su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
Desde que los talibanes recuperaron el poder, las niñas y mujeres afganas han visto cómo su autonomía se iba reduciendo con el paso de los años.
Este 15 de agosto se han cumplido cinco años desde que el régimen talibán recuperó el poder en Afganistán. Cinco años especialmente fatídicos para las mujeres afganas quienes han visto cómo sus derechos, decreto tras decreto, iban retrocediendo. Lo que comenzó con el cierre de las aulas para las adolescentes, ha terminado convirtiéndose en un sistema de exclusión que pretende apartarlas de la educación, del trabajo, de la cultura y, en definitiva, de la vida pública.
Son muchas las mujeres afganas que han descrito esta realidad como una forma de apartheid de género, una regresión que ha avanzado progresivamente y, a la vez, de forma imparable. Fue en septiembre de 2021, apenas unas semanas después de regresar al poder, cuando los talibanes prohibieron que las niñas continuaran la educación secundaria. En diciembre de 2022 llegó la prohibición de acudir a la universidad.
Cinco años después, Afganistán sigue siendo el único país del mundo en el que niñas y mujeres tienen prohibido acceder a la educación secundaria y superior. Según datos de la UNESCO, eso equivale a 2,4 millones de niñas excluidas de la educación secundaria. Una exclusión educativa a la que también sigue la exclusión laboral, tanto en la administración pública como en numerosas organizaciones.
Además, el régimen talibán, también ha restringido la movilidad de las mujeres, desde que no pueden utilizar determinados transportes o acceder a espacios públicos (pasando por las normas sobre vestimenta o la exigencia de ir acompañadas de un familiar masculino). Fue especialmente simbólica la denominada Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio aprobada en 2024 que declaró que las voces de las mujeres no deben escucharse en público.
Y a lo largo de 2026, diversas medidas han complicado aún más la vida de las niñas y mujeres del país al aprobarse un decreto que facilita el matrimonio infantil. Este código establece que el silencio de una niña se puede interpretar como consentimiento para casarse, pero también que padres, abuelos u otros familiares masculinos pueden concertar matrimonios de menores.
Además, una vez dentro del matrimonio, escapar es casi imposible. La violencia doméstica solo queda reconocida como delito en aquellos casos en los que la mujer presenta huesos rotos o lesiones visibles. Son estas las únicas circunstancias en las que puede intentar divorciarse de su marido (cuya pena es de tan solo 15 días de prisión). La propia Organización de Naciones Unidas ha alertado de cómo esto aumenta la exposición de las mujeres a la violencia machista y refuerza la impunidad del agresor.
Sin embargo, en cinco años donde la situación política solo ha institucionalizado y profundizado el control hacia las mujeres y niñas, no podemos dejar de preguntarnos dónde ha estado la comunidad internacional. Puede que varios países hayan condenado las políticas talibanes y la propia Unión Europea haya dejado clara su postura de que el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas es una condición para la normalización de las relaciones con Afganistán.
Pero cabe preguntarse si, a la hora de la verdad, mientras las niñas siguen sin poder volver a las aulas y las mujeres continúan encerradas en un sistema en el que les han despojado de toda autonomía, qué mecanismos adicionales se están dispuestos a utilizar para que las peticiones de igualdad no sean papel mojado y se actúe para defender su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
20MINUTOS.ES – Gente
