“Ajustaremos la factura”; “podemos ir consensuando los conceptos”; “[dime] ok o si tengo que poner más importe”… El caso Plus Ultra, en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros de dinero a la aerolínea, apunta a que los presuntos implicados en la trama utilizaban de manera habitual facturas falsas para “dotar de apariencia documental y cobertura formal a determinados pagos” difíciles de justificar legalmente, según detalla el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto cabecilla de una trama de tráfico de influencias. En su resolución, el magistrado recoge varios ejemplos en los que, en opinión de los investigadores de la bautizada como Operación Tíbet, “se pone de manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, pues únicamente va dirigida a generar un soporte documental”.
El auto de imputación de Zapatero recoge mensajes de implicados con instrucciones para elaborar documentos mercantiles supuestamente fraudulentos
“Ajustaremos la factura”; “podemos ir consensuando los conceptos”; “[dime] ok o si tengo que poner más importe”… El caso Plus Ultra, en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros de dinero a la aerolínea, apunta a que los presuntos implicados en la trama utilizaban de manera habitual facturas falsas para “dotar de apariencia documental y cobertura formal a determinados pagos” difíciles de justificar legalmente, según detalla el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto cabecilla de una trama de tráfico de influencias. En su resolución, el magistrado recoge varios ejemplos en los que, en opinión de los investigadores de la bautizada como Operación Tíbet, “se pone de manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, pues únicamente va dirigida a generar un soporte documental”.
Uno de estos ejemplos lo vincula al propio Zapatero. Según los correos intervenidos al empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del exlíder del PSOE y dueño de la sociedad Análisis Relevante, considerada epicentro de la trama, ambos delegaban en personas de su confianza las maniobras para dar “cobertura formal y documental a su ilícita actividad”. El expresidente del Gobierno, en sus dos secretarias, María Gertrudis Alcázar ―señalada por los investigadores como “pieza operativa esencial” de la supuesta trama― y Judith Laure Wells, que trabajaban en la oficina del número 35 de la calle Ferraz. Y el empresario lo hacía en Cristóbal Cano, que realizaba funciones de director de administración en su compleja estructura societaria.
El auto detalla que, en un correo intervenido, Alcázar preguntaba a Cano sobre la emisión de una factura por un importe de 20.000 euros, y planteaba la posibilidad de emitir una o varias, a la vez que le solicitaba indicaciones sobre los conceptos que debían consignarse en ellas. “Tal extremo ―señala el juez Calama― evidencia de forma clara una previa concertación sobre el contenido, conceptos e importe de las facturas que se van a emitir». La respuesta de la mano derecha de Martínez Martínez es facilitar a la secretaria de Zapatero los conceptos a incluir en esos documentos mercantiles, así como la imputación temporal de los mismos y sus importes. “Un mes después, el patrón operativo se repite”, destaca el auto, que recoge una frase de estos mensajes que considera relevante: “Podemos ir consensuando los conceptos [de las facturas]”.
El magistrado concluye que esta forma de operar es presuntamente irregular, ya que “el supuesto prestador del servicio [Zapatero, a través de su secretaria] no se limita a emitir la factura, sino que pregunta al perceptor de este si las facturas están ‘ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada”. “En esta operativa, la emisión de facturas no aparece vinculada de forma directa a la realización de servicios, sino articulada posteriormente y mediante la coordinación de las partes implicadas”, añade el juez en el auto.
La investigación también detecta supuestas ilegalidades en el cruce de facturas entre diferentes sociedades del empresario amigo del expresidente, que, según infiere el juez, está “destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles, que de otro modo serían difíciles de justificar, amparando así una canalización de fondos de manera finalista”. En concreto, se refiere a la empresa Caletón Consultores SL, que recibió 1,16 millones de euros entre 2020 y 2025 de Plus Ultra, y que aparecen supuestamente respaldadas por facturas con el concepto de “comisiones por operaciones chárter” y diversos justificantes de transferencias localizados en dispositivos intervenidos a algunos de los investigados en la primera fase de la operación, desarrollada en diciembre.
Sin embargo, el juez pone el foco en varias salidas de dinero desde Caletón Consultores a otras dos mercantiles controladas por el propio Martínez Martínez, que considera que se hicieron “sin justificación económica acreditada (Iot Domotic Europe) o bajo una cobertura contractual cuya gestión presenta elementos atípicos (Voli Analítica), lo que resulta relevante a efectos del análisis de la finalidad y regularidad de la operativa descrita”. En este sentido, la resolución reproduce varios mensajes intercambiados por varios investigados. En uno de ellos se plantea hacer una transacción económica mediante la creación de un contrato a “medida” en la que los interlocutores aseguran: “Ajustaremos la factura”. “Todo ello ―incide el juez― pone de manifiesto que su finalidad es dotar de apariencia documental y cobertura formal a determinados pagos».
En otro mensaje intervenido, en este caso a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, los investigadores también ven supuestas irregularidades en la facturación. En este caso, el investigado explica a una mujer, que resulta ser la esposa de Rodolfo Reyes, exdueño de la compañía aérea, cómo debe facturar a una tercera persona. “La de junio [20]23, qué fecha le coloco a las facturas. [¿]Las dos facturas con fecha mayo 2024?”, le plantea la mujer. “Ello permite inferir que se habría procedido a la elaboración de facturas mediante la adaptación de fechas y conceptos, con la finalidad de otorgar soporte documental y cobertura formal a los pagos y facilitar la canalización de los fondos”, destaca el autor judicial.
Los responsables de la Operación Tíbet también consideran haber encontrado indicios de supuestas irregularidades en las relaciones comerciales entre Grupo Aldesa, de origen chino, y una de las empresas de Martínez Martínez. En concreto, Idella Consulenza Strategica. El auto del juez detalla que se ha encontrado un contrato de octubre de 2021 por el que la primera compañía iba a abonar un porcentaje del importe de las adjudicaciones que la sociedad del amigo de Zapatero le consiguiera y que, finalmente, no se materializó. Pese a ello, el juez llama la atención sobre que, mientras se elaboraba el borrador del acuerdo, el empresario solicitó eliminar del documento la palabra “comisión”.
“La instrucción expresa de eliminar la palabra ‘comisión’, unida al análisis conjunto de la documentación intervenida, permite inferir que este tipo de operativa se articularía mediante denominaciones alternativas vinculadas a supuestos servicios de asesoramiento, con la finalidad de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones. Este patrón reproduce el observado en otras sociedades y refuerza la existencia de una estrategia orientada a ocultar o disfrazar pagos de distinta naturaleza”, señala el juez.
España en EL PAÍS
