Miguel Moreno, de 34 años, iba en un buque de bandera panameña que fue capturado el 12 de junio por el buque de la Armada Bolivariana Guaiqueri Leer Miguel Moreno, de 34 años, iba en un buque de bandera panameña que fue capturado el 12 de junio por el buque de la Armada Bolivariana Guaiqueri Leer
El chavismo mantiene en «custodia preventiva» a un nuevo rehén español: Miguel Moreno, marinero canario de 34 años, uno de los tripulantes del buque cazatesoros N35, capturado el 12 de junio por el buque de la Armada Bolivariana Guaiqueri tras navegar en aguas del Esequibo, territorio en litigio con la vecina Guyana. Se trata de un buque de bandera panameña que según su capitán, de nacionalidad holandesa, buscaba barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial.
El Gobierno español ha activado las gestiones consulares para recabar información sobre la detención de Moreno, según informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a la agencia Efe. Se trata del mismo procedimiento seguido tras la detención en septiembre del año pasado de los ciudadanos vascos José María Basoa y Andrés Martínez, los dos «turistas terroristas» vinculados sin ninguna prueba por el chavismo al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Ambos permanecen recluidos en la cárcel del Rodeo 1, un infierno en la tierra donde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) mantiene a los presos extranjeros y los prisioneros que considera más peligrosos, sobre todo militares. Otros 12 ciudadanos hispanovenezolanos forman parte de la lista de presos políticos del chavismo.
Se desconoce el paradero de los tripulantes del N35, dos holandeses, tres hondureños, un indonesio, un panameño y una húngara, además de Moreno. «No sabemos si está en una prisión civil, en un centro militar, en dependencias oficiales. Sólo queremos saber cómo está y dónde», declaró la familia de Moreno al diario canario La Provincia. Se da la circunstancia que el ahora marinero fue periodista de La Provincia antes de enrolarse en el buque panameño.
La familia ha acudido al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en plena crisis con el Gobierno de Maduro. El Parlamento chavista ha declarado persona non grata a Volker Türk, Alto Comisionado, y ha exigido la expulsión de los funcionarios de la oficina de la ONU en Caracas, sólo cuatro días después de hacerse público el demoledor informe de este organismo sobre las torturas, detenciones ilegales y desapariciones forzadas en la Venezuela de Maduro.
La primera noticia sobre la captura del «muy sospechoso» buque cazatesoros se conoció el 19 de junio durante una intervención televisiva de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y hombre fuerte del generalato revolucionario. Las autoridades chavistas albergan «dudas sobre las verdaderas intenciones» de capitán y marineros.
Moreno se une, de momento, a la lista de los españoles que han caído en manos del chavismo, que utiliza a los presos extranjeros como moneda de cambio y negociación. En especial los de nacionalidad estadounidense: en apenas dos años han obtenido la libertad una veintena de ciudadanos de EEUU gracia a los canjes negociados con el actual enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, y su antecesor en la administración de Joe Biden. Los principales beneficiados de estos acuerdos fueron los dos famosos narcosobrinos de Maduro, que cumplían condena en EEUU, y el presunto testaferro del presidente de facto, el magnate Alex Saab, convertido hoy en ministro estrella del gabinete revolucionario.
En el grupo de presos hispanovenezolanos se encuentra Rocío San Miguel, emblemática figura de la sociedad civil venezolana, y su ex marido, Alejandro González, antiguo gerente de aeronáutico de la petrolera estadounidense Chevron. González comparte presidio en el Rodeo 1 con los dos presos vascos, el estudiante Fernando Noya y el empresario Uaiparu Guerere, de 69 años, en prisión desde 2023, cuando regresó a Venezuela desde Barcelona por motivos laborales.
En el listado de presos políticos también figuran los cuatro prisioneros históricos: Jorge Alayeto, empresario capturado en 2017; María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada por ser hermana de un militar «rebelde»; Ángela Expósito, directora de la ONG Fundanimal, «culpable» por cuidar los perros de otros presos políticos; y Karen Hernández, acusada de formar parte del fracasado desembarco de militares rebeldes de 2020.
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