La última ofensiva del PP lanzada en redes sociales contra el PSOE —un vídeo que suplanta con inteligencia artificial (IA) la identidad, entre otros, de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán— ha crispado aún más los ánimos de esta descarnada precampaña electoral. Los socialistas han anunciado que estudian emprender acciones legales contra los conservadores, que defienden que no tenían la intención “espuria de hacer creer que los personajes que aparecen ahí son los reales”. “Todo el mundo es capaz de interpretar que es una manera de utilizar las herramientas digitales para comunicar la hipocresía en la que vive el PSOE”, se ha amparado el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper. Sin embargo, más allá de este caso concreto, la iniciativa del partido de la calle Génova evidencia la irrupción de esta nueva tecnología en el terreno político e intensifica el debate sobre sus límites y su influencia irregular en el voto.
Más de media docena de juristas coinciden en los amplios márgenes que otorga la libertad de expresión y el derecho a la sátira y la parodia
La última ofensiva del PP lanzada en redes sociales contra el PSOE —un vídeo que suplanta con inteligencia artificial (IA) la identidad, entre otros, de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán— ha crispado aún más los ánimos de esta descarnada precampaña electoral. Los socialistas han anunciado que estudian emprender acciones legales contra los conservadores, que defienden que no tenían la intención “espuria de hacer creer que los personajes que aparecen ahí son los reales”. “Todo el mundo es capaz de interpretar que es una manera de utilizar las herramientas digitales para comunicar la hipocresía en la que vive el PSOE”, se ha amparado el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper. Sin embargo, más allá de este caso concreto, la iniciativa del partido de la calle Génova evidencia la irrupción de esta nueva tecnología en el terreno político e intensifica el debate sobre sus límites y su influencia irregular en el voto.
Según coinciden más de media docena de juristas consultados por EL PAÍS, la jurisprudencia española y la europea han establecido unos enormes márgenes para el desarrollo de la libertad de expresión, aún más amplios en el debate político —espacio fundamental para las democracias—. “Para que el vídeo tenga alguna trascendencia jurídica, hay que analizar tres cosas: si es una sátira política, que parece que es donde nos encontramos; si se considera que se ha vulnerado el derecho al honor o a la propia imagen, que yo tengo mis dudas porque no presenta un vídeo falso como si fuera verdadero; y si el vídeo se utiliza para manipular el voto”, enmarca el abogado Javier Álvarez Hernando, doctor en Derecho y miembro del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid.
Jorge Carrera, exjuez de enlace de España en Estados Unidos y ahora abogado experto en IA, apunta en la siguiente línea: “Todo lo que pueda ser sátira o crítica despiadada, molesta y de mal gusto entra dentro de la libertad de expresión. Personalmente, tiendo a entender que esto entra dentro de la sátira política”. Una tesis que comparte Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y exletrado del Tribunal Constitucional: “Aquí estamos en el ámbito de la libertad de expresión política, que es el ámbito más amplio de la libertad de expresión. Aunque se haya hecho con IA, esto no deja de ser similar a la sátira política tradicional a través de viñetas”.
Para ahondar en esta idea, Leandro Núñez, abogado del despacho Audens y especializado en protección de datos, resalta el contexto electoral. “Cada caso es diferente y habrá que ponderar los derechos en colisión. Pero ese vídeo del PP está hecho por un partido para ir contra otro partido en plena campaña y con personajes públicos”, destaca el letrado, que remacha: “Y hay un aviso de que está hecho con inteligencia artificial. Por tanto, parece claro que es un fake”. En este aspecto radica, según coinciden los juristas, otra de las claves del debate. No es lo mismo tratar de engañar que dejar claro que las imágenes son irreales —ya sea con avisos, por el contexto o por su propia verosimilitud—.
“Si es algo que se presenta de tal forma que la gente pueda creer que es algo real, que son unas declaraciones de verdad de Begoña Gómez y se presenta en un contexto para llevar a la opinión pública a creer que eso es cierto, estaríamos en otro terreno”, puntualiza Carrera. Ofelia Tejerina, abogada especialista en Derecho Digital y presidenta de la Asociación de Internautas, coincide: “Si se crea una imagen de tal manera que da lugar a la confusión, eso sí sería intolerable”. El abogado Juan Carlos Guerrero, especializado en tecnología, incide en esa idea: “Habrá que ver cuánto se ciñen las imágenes a la realidad. En la política, el margen de la libertad de expresión es más amplio”.
El profesor Íñigo Navarro, codirector del Observatorio Legaltech Garrigues-Icade y antiguo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, añade la siguiente reflexión: “El vídeo del PP me ha parecido una vuelta de tuerca bastante fuerte y me ha revuelto un poco. Pero en nuestro país hay anchura con la sátira política, y me parece bien. Yo creo que este vídeo está amparado. Por el contexto, todo el mundo sabe que esas personas no han dicho eso. Nadie va a pensar que José Luis Ábalos está diciendo esas barbaridades de sí mismo”.
Ofelia Tejerina entra también al detalle de las palabras que la IA pone en boca de los personajes representados en el vídeo y cómo se podría explorar la vía de la calumnia: es decir, si se usa la inteligencia artificial para atribuirles un delito a sabiendas de que es mentira. “Se podría intentar, pero no sé si tendría recorrido. Y ese recorrido, además, sería muy corto. Al final, sería otra forma de ofender, ya no con la palabra, sino con la imagen”. En este sentido, los juristas recuerdan cómo los tribunales han llegado a avalar incluso el insulto dentro de ese margen de la libertad de expresión en el contexto político.
A su vez, el catedrático Lascuraín recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que insta a evitar el llamado “efecto desaliento”. Es decir, que se provoque que los ciudadanos teman ejercer un derecho fundamental ante la posibilidad de “caer en el abismo de la prisión”. “Pero, más allá de eso, una cosa es que las cosas sean reprochables penalmente, porque no tengan la gravedad suficiente o demos prioridad a la libertad de expresión. Y otra cuestión distinta es que eso esté bien, sea ejemplar o sea ética y políticamente correcto”, reivindica el docente.
Un anteproyecto de ley
El PSOE no ha aclarado si su intención es acudir a los tribunales o a algún órgano sancionador como la Agencia de Protección de Datos o a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), pero el propio Gobierno de Pedro Sánchez era consciente de la trascendencia de la IA cuando envió el pasado julio al Congreso su proyecto de Ley Orgánica de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El Ejecutivo avanzó que este texto, que ha decaído con la convocatoria electoral, introducía la gran novedad de considerar “ilegítimo” el “uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización” mediante inteligencia artificial. Sin embargo, añadió que se preveía una “excepción” cuando los “afectados” fuesen personas de proyección pública. En esos casos, se apostaba por “proteger la libertad de expresión”, siempre que esas disruptivas herramientas se usaran dentro de “un contexto creativo, satírico o de ficción” y “se indique que se está utilizando esta tecnología”.
Borja Adsuara, doctor en Filosofía del Derecho y director general de Red.es con el Gobierno de Mariano Rajoy, explica precisamente que el reglamento europeo de inteligencia artificial (que ya se está aplicando en España) contempla que, al usar estas imágenes, se debe avisar de que se han generado con esta herramienta. “En este caso del vídeo del PP, no hay riesgo de confusión; porque, aparte de que se avisa de que está generado con IA y lo difunde la cuenta del PP, por el contenido queda claro que se trata de un vídeo satírico o de crítica política. Nadie pensaría que ese vídeo lo ha hecho el PSOE y que las personas que aparecen en él dirían públicamente lo que dicen”, incide el jurista.
Santiago Mediano, presidente de la sección de Robótica e IA del ICAM (Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid), discrepa: “Mi opinión es que estos vídeos se insertan en la crítica política, pero creo que hay un límite incluso en ese contexto”, explica. “El reglamento dice que quien despliega un sistema de ultrasuplantación, lo que en español es la deepfake, debe estar obligado a revelar que el contenido se ha dictado con IA. Pero, honestamente, en este caso me parece que, como informa el PP, no es suficiente [los populares solo insertaron un aviso en letras pequeñas y transparentes en la parte inferior del vídeo]”.
“Si fuera tan real, si no fuera una parodia, si se presentara como verdadero, si llegara a ser tan potente que influyera de forma decisiva, entonces el reglamento de la IA sí establece una prohibición. Pero estamos hablando de situaciones superextremas”, discrepa Álvarez Hernando.
Fuentes de la Junta Electoral Central también señalan que, “probablemente”, tendría cabida una denuncia ante este órgano por el vídeo del PP, informa Javier Casqueiro. La Junta ha estudiado este mismo jueves un caso con algunas características similares: los populares denunciaron a un diputado del PSOE por subir a su cuenta de Instagram varios memes y vídeos que imitaban con críticas los logos de los populares y sus colores. Los conservadores sostienen que esas publicaciones “pueden inducir a error a los electores sobre su autoría”.
En esta línea, la Junta recuerda que “la utilización de símbolos, colores, tipografía o lemas identificativos de otra formación política no resulta por sí misma contraria a la legislación electoral cuando su verdadera autoría pueda identificarse suficientemente, pudiendo emplearse tales elementos con finalidad crítica, irónica o sarcástica al amparo de la libertad de expresión”. Sin embargo, el órgano ha estimado parcialmente la denuncia del PP y ha ordenado al socialista retirar esa propaganda de sus redes (aunque no le ha abierto un expediente sancionador) tras centrar su debate de este caso en que, con ese tipo de actuaciones, el diputado del PSOE violaba la “neutralidad” del proceso electoral y producía equívocos, aunque se matizaba en su favor con el argumento de la sátira y la libertad de expresión. Fuentes de la Junta consultadas entienden que el vídeo del PP constituiría un caso aún más grave y evidente, al haberse reproducido “en los canales oficiales del partido”.
A Borja Adsuara le parece más “preocupante” la difusión masiva de este tipo de vídeo desde cuentas anónimas y sin ningún aviso de que se ha usado IA. Tanto si lo publican usuarios particulares como potencias extranjeras (como Rusia), que “sí tienen la intención de engañar a la gente e intentar cambiar el sentido de su voto”. En 2024, por ejemplo, Estados Unidos investigó una campaña de llamadas telefónicas que suplantaba la voz del entonces presidente Joe Biden.
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