La muerte del oficial del Servicio de Vigilancia Aduanera Carlos Esquembri durante el abordaje del velero Rothmans servirá como ejemplo para que los narcotraficantes que atenten contra la vida de los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad sumen un nuevo delito: el de piratería. Esquembri, melillense de 58 años, murió el 18 de marzo de 2023 durante un operativo en aguas internacionales. Estaba a más de mil kilómetros al oeste de las Islas Canarias cuando el narcovelero de 25 metros de eslora y bandera de Malta que los agentes querían abordar hizo algo inesperado. Dio un giro brusco y embistió la lancha policial, haciendo que volcara por completo. Los siete uniformados cayeron al mar y quedaron atrapados en el interior. Todos pudieron salir, excepto Esquembri. La condena por piratería al responsable de esa “maniobra peligrosa”, que el Tribunal Supremo avaló el pasado abril, ha supuesto un hito que la Fiscalía Antidroga no piensa desaprovechar.
Una sentencia del Supremo permite al ministerio público intentar una nueva vía para elevar hasta en 15 años las penas de traficantes
La muerte del oficial del Servicio de Vigilancia Aduanera Carlos Esquembri durante el abordaje del velero Rothmans servirá como ejemplo para que los narcotraficantes que atenten contra la vida de los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad sumen un nuevo delito: el de piratería. Esquembri, melillense de 58 años, murió el 18 de marzo de 2023 durante un operativo en aguas internacionales. Estaba a más de mil kilómetros al oeste de las Islas Canarias cuando el narcovelero de 25 metros de eslora y bandera de Malta que los agentes querían abordar hizo algo inesperado. Dio un giro brusco y embistió la lancha policial, haciendo que volcara por completo. Los siete uniformados cayeron al mar y quedaron atrapados en el interior. Todos pudieron salir, excepto Esquembri. La condena por piratería al responsable de esa “maniobra peligrosa”, que el Tribunal Supremo avaló el pasado abril, ha supuesto un hito que la Fiscalía Antidroga no piensa desaprovechar.
La delicada intervención en la que murió el agente de Vigilancia Aduanera es una muestra del panorama diario de la lucha contra el narco. Cada vez es más común que las operaciones se desarrollen en alta mar, un entorno hostil, impredecible y en el que los riesgos se multiplican. Los cuerpos policiales van a buscar la droga hasta cargueros o pesqueros que la trasladan oculta en sus bodegas. Intentan abordarlos antes de que repartan los alijos en lanchas de alta velocidad, porque la persecución dispara el riesgo y porque si la carga se reparte, se hace casi imposible reunirla.
El caso de Barbate evidenció el problema. Dos guardias civiles fallecieron en febrero de 2024 al ser embestidos por una narcolancha durante una frenética persecución en la localidad gaditana. Pero la tragedia se repite cíclicamente. El pasado mayo, la muerte de dos guardias civiles en Huelva durante otra persecución a una narcolancha recordó cómo los agentes se juegan la vida en segundos tratando de dar caza a narcos que no dudan en intentar desestabilizarles para poder escapar.
Antidroga observa con preocupación cómo el fenómeno ha ido in crescendo en los últimos años sin que la justicia haya logrado dar “una respuesta punitiva suficiente”. Por eso, con la muerte del agente de Vigilancia Aduanera exploró una nueva vía. Además de acusar por delitos contra la salud pública, atentado contra la autoridad, homicidio e incendio ―los narcos prendieron fuego al velero en un intento desesperado por destruir pruebas―, lo hizo también por piratería. Nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no se había planteado la necesidad, explican fuentes fiscales a EL PAÍS.
La estrategia era arriesgada no solo por inédita, sino por los obstáculos jurídicos. El mayor en este caso concreto era que el delito de piratería procede del derecho internacional. En su artículo 101, la Convención de Montego Bay (1982) ―el texto de referencia en la materia― lo describe como “todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos”. Esta definición presentaba dos desafíos para el plan de la Fiscalía. El primero, que se concibe para actos de piratería en aguas internacionales. Y el segundo, la exigencia de un “propósito personal” que la doctrina y la jurisprudencia han traducido como ánimo de lucro, enriquecimiento.
España introdujo el delito de piratería con la reforma penal de 2010. El artículo guía es el 616 ter, que castiga con penas de entre 10 y 15 años de cárcel a quien, “con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas”. En el caso del agente Esquembri, Antidroga acusó usando este precepto. En primera instancia, no le salió bien. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó por todos los delitos menos ese. Recurrió. Y la Sala de Apelación de ese mismo tribunal le dio la razón, sumando diez años a la pena de cárcel dictada contra el culpable de atacar la lancha policial con el narcovelero, con lo que pasó de 27 a 37 años de prisión. Los narcos recurrieron, pero el Tribunal Supremo ratificó el segundo fallo, alumbrando “una sentencia pionera”, de acuerdo con las fuentes consultadas.
En esta causa, el escollo era ese “propósito personal” que el artículo español no menciona, pero que inspira las leyes nacionales contra la piratería. El Supremo concluyó que el legislador español había diseñado un delito “autónomo”. Es decir, que se alejaba del fijado por la Convención de Montego Bay para aproximarse a un tratado posterior (el Convenio SUA, de 1988) con una finalidad más amplia: combatir cualquier actuación ilegal que amenace “la seguridad de la navegación marítima”. Por eso, el delito español no recoge ese “propósito personal” ni otros elementos incluidos en el delito clásico de piratería, explicó el alto tribunal. Y avisó de que no es trabajo de los jueces españoles añadir requisitos que el legislador quiso eliminar por una decisión de política criminal. En consecuencia, fijó que, para condenar por piratería en España, basta con acreditar “una conducta violenta, proyectada sobre una embarcación en el mar o sobre las personas que se hallan a bordo de ella, idónea para comprometer gravemente la seguridad de la navegación en un ámbito internacional”.
Perseguir la piratería también en aguas españolas
Tras esta sentencia, Antidroga ha movido ficha y ha dado instrucciones a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que documenten con detalle en sus atestados los ataques de narcolanchas, de modo que los fiscales puedan acusar por piratería. En el ministerio público son conscientes de que el fallo del Supremo abre una espita, pero no despeja completamente el camino.
Queda que los tribunales españoles se pronuncien sobre si ese mismo artículo (616 ter) puede aplicarse en aguas nacionales. En la causa del narcovelero no supuso un quebradero de cabeza, porque los hechos ocurrieron en aguas internacionales. Fuentes fiscales consideran que los principales problemas son ese silencio jurisprudencial y el hecho de que físicamente el delito de piratería se ubique en el título del Código Penal dedicado a los delitos cometidos contra la comunidad internacional, a lo que suman su configuración tradicional como un delito perpetrado en aguas internacionales.
En su instrucción, Antidroga ya apunta que el precepto español no se refiere a aguas sujetas a una jurisdicción concreta, sino a “el mar”, como ocurre en otros países ―entre los que menciona Canadá y Australia― que sí aplican el delito de piratería a los actos cometidos en sus aguas. Por último, aduce que “en realidad lo que convierte a un delito en delito contra la comunidad internacional no es el lugar en el que se comete, sino el bien jurídico protegido y la trascendencia de la conducta”. Las fuentes avanzan que Fiscalía prepara su arsenal para poder acusar en toda su extensión (jurídica y territorial) por el delito de piratería.
“No solo trafica: agrede, embiste y mata”
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC, la mayoritaria entre los agentes del instituto armado) ha aplaudido la instrucción de Antidroga, como también lo han hecho la otra asociación más representativa, Justicia Guardia Civil (JUCIL), o el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Todos inciden en que llevan años denunciando esa violencia y en que hacen falta más medios para esta lucha siempre desigual. “El narcotráfico no solo trafica con droga: agrede, embiste y mata”, subrayan en la AUGC. Y recuerdan los casos de Huelva o Barbate. “Que estos ataques puedan calificarse como piratería supone reconocer la verdadera dimensión de la amenaza a la que se enfrentan los guardias civiles en el mar. Es un avance que llega tras demasiados años de impunidad y que debe ir acompañado de más medios, más personal y una protección real para quienes arriesgan su vida cada día combatiendo al narcotráfico”, añaden.
JUCIL destaca que siempre defendieron que las narcolanchas que operan en las costas deben ser tratadas como “embarcaciones pirata”. “Son buques clandestinos que carecen de folio de registro, no navegan bajo ninguna bandera ni pabellón legal y no tienen un puerto base autorizado”, exponen. “Solo se utilizan para cometer hechos ilegales en el mar”.
La Policía también ha recibido con agrado las instrucciones de Antidroga. Sus agentes se suelen apoyar en las embarcaciones de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) o en la Armada. “La violencia debe tener una respuesta firme, tanto desde el punto de vista judicial como institucional, acompañada de más medios materiales y humanos para quienes combaten diariamente al narcotráfico”, incide una portavoz del SUP. “Es importante que se reconozca la extrema gravedad de unos hechos que llevamos años denunciando”.
La forma en la que se pondrá en marcha esta instrucción depende del apoyo que reciba del Ministerio del Interior. Un agente conocedor del trabajo diario con las embarcaciones de alta velocidad ve “complicado” el uso generalizado de estas instrucciones y que se acuse de piratería en ocasiones en las que, por ejemplo, les den un golpe. La puesta en práctica y la evaluación de cada caso determinarán su impacto en los tribunales.
España en EL PAÍS
