Nadie sabe la demora media real en España para una operación o una cita con un especialista. Ni, mucho menos, cuánto tiempo transcurre desde que un paciente va al médico por primera vez por una dolencia hasta que pasa por quirófano, si es que lo necesita. Las estadísticas de las listas de espera, que deberían permitir comparar el desempeño de los 17 sistemas sanitarios del país, son en realidad un indicador muy imperfecto, en el que recaen todo tipo de sospechas de maquillajes desde que se creó, en 2003.
Las estadísticas con las que se compara el desempeño de los 17 sistemas sanitarios autonómicos son en realidad un indicador imperfecto
Nadie sabe la demora media real en España para una operación o una cita con un especialista. Ni, mucho menos, cuánto tiempo transcurre desde que un paciente va al médico por primera vez por una dolencia hasta que pasa por quirófano, si es que lo necesita. Las estadísticas de las listas de espera, que deberían permitir comparar el desempeño de los 17 sistemas sanitarios del país, son en realidad un indicador muy imperfecto, en el que recaen todo tipo de sospechas de maquillajes desde que se creó, en 2003.
El caso que desveló la semana pasada EL PAÍS sobre la alteración de prioridades en el hospital Ramón y Cajal de Madrid es otro ejemplo de cómo se pueden manipular estas listas. Pero en esta ocasión, el fin no era quedar bien en la foto que publica cada seis meses el Ministerio de Sanidad, pues no la alteraba para nada, sino cumplir con la productividad que imponía la Consejería madrileña. Es una manipulación que afecta a los pacientes, pero no un cambio en el conteo a posteriori.
Los cauces por los que se pueden maquillar las listas para presentar una realidad distorsionada son otros, y hay incentivos para hacerlo: pese a su imperfección, es el indicador comparativo más estandarizado entre comunidades, para el que se usan los datos que ellas mismas remiten. Las que tienen las listas más bajas, como el caso de Madrid, País Vasco o Navarra, presumen de gestión, mientras que a las que están a la cola (Andalucía, Cataluña y Cantabria) les ocurre todo lo contrario.
Al menos en dos ocasiones las sospechas de maquillaje se han concretado. La primera fue en Madrid, cuyos datos quedaron fuera del cómputo nacional entre 2005 y 2011 porque el Ministerio de Sanidad consideró que su método incumplía las reglas comunes: mientras las demás comunidades comenzaban a contar la espera cuando el especialista prescribía la operación, la sanidad madrileña no incorporaba al paciente a la lista hasta que había completado las pruebas preoperatorias y pasado por el anestesista, un retraso de entre 20 y 40 días que permitía reducir tanto el número oficial de pacientes como la demora registrada. Madrid no volvió a aparecer en la estadística estatal hasta junio de 2012.
El segundo episodio se produjo en Andalucía en 2018, aunque allí no hubo exclusión, sino una espectacular ruptura de la serie: entre junio y diciembre, los pacientes pendientes de operación pasaron de 65.615 a 143.887 y los que esperaban una primera consulta con el especialista, de 222.962 a 685.523. El nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos acusó al anterior Ejecutivo socialista de no haber contabilizado a más de medio millón de personas, entre ellas pacientes con procedimientos sin plazo garantizado, atendidos en determinados hospitales concertados o pendientes de una cita todavía no asignada, para maquillar las listas.
El PSOE se defendió argumentando que eran estadísticas distintas. Sea como fuere, se rompió la serie para incorporar los nuevos datos, que mostraban una realidad completamente distinta, lo que ejemplifica hasta qué punto la forma de contar puede alterar las listas.
Ni siquiera son una media general de lo que se espera, sino que se recoge en dos momentos concretos del año (diciembre y junio). “A las consejerías les interesa quedar lo mejor posible en la imagen del ministerio. Se preocupan a final de mayo y a final de diciembre de cómo van sus listas para quedar bien”, dice Sergio García de Vicente, de la Asociación Economía de la Salud.
Cuando se acerca esa foto, las consejerías pueden usar muchas técnicas para aliviar las listas. Una es contratar las operaciones a la sanidad privada. Si el paciente es citado, sale de la lista y si lo rechaza porque prefiere ser intervenido en la pública, también. Ya no se consideran “listas de espera estructurales”.
Durante años, esta fue una batalla política en Galicia. Antes de ser presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo acusaba al Gobierno bipartito de usar este “limbo” para ocultar las verdaderas listas de espera. Cuando llegó al poder no cambió nada, y fue la oposición de socialistas y nacionalistas la que le reprochó exactamente lo mismo.
Otra vía de distorsión de las listas de espera ha sido el cierre de agendas. Si el médico derivaba al especialista a un paciente, pero no había fecha disponible, quedaba en otro limbo que no contabilizaba. En diciembre de 2024, algunas comunidades protestaron porque otras solo contabilizaban a los agendados, mientras tenían en lo que en argot se denomina “buzones” a gran cantidad de ellos sin cita. Entonces Sanidad pidió que le reportaran todos los pacientes en espera, agendados o no.
En ocasiones, ni siquiera están en una lista como tal. Este periódico desveló el año pasado que numerosos pacientes del sur de Madrid no eran citados a sus pruebas por falta de fechas en las agendas. El método que seguían los centros de salud se basaba a menudo en apuntarlo en libretas y avisarlos cuando podían asignarle un día. Hasta ese momento, tampoco figuraban en la contabilidad oficial.
Las pruebas diagnósticas son una parte muy importante de la demora. La lista de espera no solo es el tiempo que pasa desde que al paciente le prescriben la operación hasta que pasa por quirófano. En realidad, el lapso que transcurre desde que alguien comienza su periplo por el sistema sanitario está fragmentado en distintas listas, lo que hace imposible saber cuánto espera realmente.
El primer paso es la Atención Primaria, que carece de un sistema unificado de contabilidad de listas de espera. El segundo, la primera cita con el especialista, que sí se mide a nivel nacional, aunque no para todas las especialidades. No se hace, por ejemplo, para salud mental, cuya demanda se ha incrementado notablemente en los últimos años.
El periplo a menudo continúa con una prueba. Esto sí se debería medir, según el Real Decreto de 2003 que regula los datos de las listas de espera desde poco después de que se completase la descentralización de las competencias. Pero Sanidad no publica datos porque, según explica, los que le llegan de las comunidades autónomas no son homologables. Hay cinco (Andalucía, Valencia, Baleares, Aragón y Navarra) que ni siquiera los publican. Las posteriores citas con el especialista para revisar esas pruebas tampoco se cuentan en las listas. El siguiente marcador es ya la cirugía.
Esto lleva a que, si una comunidad prima la atención en el especialista para las primeras citas, pero descuida las siguientes o las pruebas, saldrá bien en la foto, pero no estará atendiendo realmente rápido a sus pacientes.
La solución que propone García de Vicente es que sea el ciudadano “el que tenga el poder” de reportar su espera. Esto, sugiere, podría hacerse con una aplicación que monitorizase sus sucesivas citas con los médicos, pruebas y cirugía, lo que daría una imagen real de la espera.
En esta línea, el Ministerio de Sanidad propone un Real Decreto que permita medir toda la espera, algo que fue tumbado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado julio. La ministra Mónica García ha asegurado estos días que su departamento volverá a proponer un sistema que impida “manipular” las listas de espera.
La propuesta pretende fijar por primera vez criterios comunes para medir la espera en Atención Primaria, ampliar la información hospitalaria a 15 pruebas y 25 procedimientos quirúrgicos clave y publicar datos trimestrales con detalle mensual. También permitirá a cada paciente conocer su demora estimada y seguir todo el proceso desde la indicación médica hasta la atención efectiva.
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