Los altos precios de los alquileres en zonas turísticas como la Costa del Sol obligan a los empleados a desplazarse a decenas de kilómetros de sus puestos Leer Los altos precios de los alquileres en zonas turísticas como la Costa del Sol obligan a los empleados a desplazarse a decenas de kilómetros de sus puestos Leer
El verano se ha escapado de las manos ya, pero si usted ha sido de los afortunados que ha disfrutado de unos días de vacaciones, seguro que ha hecho algún viaje en coche. Ir de Madrid a Salamanca o de Zaragoza a Pamplona, por ejemplo, le habrá supuesto recorrer casi la misma distancia que María Inmaculada Jiménez (45 años) ha tenido que recorrer estos meses para ir a su trabajo como gerente en un restaurante en la Costa del Sol… todos los días. «Si hay accidentes, no pasa nada. En mi coche llevo un kit de supervivencia en caso de que haya una parada más larga», cuenta. No es una queja, solo «estoy hablando de la realidad».
Cualquiera pensaría que no hay mejor momento para el sector turístico y de la hostelería que el verano, sobre todo en España, que cada año rompe todos los récords. Solo este agosto, llegaron casi 13 millones de visitantes que gastaron más de 17.800 millones, lo que según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) supone un nuevo máximo histórico para el octavo mes del año. Pero esa excepcional actividad, desde dentro, no se traduce en bonanza. Por un lado, la escalada de precios en la energía -que ha disparado la inflación-, los alimentos y los costes laborales aprietan la rentabilidad de los negocios, mientras que una crisis de vivienda sin precedentes expulsa a los trabajadores a decenas de kilómetros de su empleo, como le ha pasado a Jiménez.
En La Cala de Mijas, la localidad donde trabaja, «piden por una habitación con baño y cocina compartida hasta 800 euros y un piso está en 1.500 euros», detalla. Y no es lo peor. «No solo te piden la fianza y el mes corriente, te piden hasta seis meses por adelantado. Eso un trabajador normal sin capacidad de ahorro es que no se lo puede ni plantear». Para escapar de los altos alquileres, se mudó a Mollina, un municipio del interior de la provincia de Málaga. Aquí ha podido comprar una vivienda con una hipoteca por la que paga unos 600 euros. ¿El precio? Que todos los días debe recorrer 220 kilómetros de ida y vuelta. Contando el gasto en combustible, «aún así salgo ganando que si tuviese alguna vivienda en la costa, porque es imposible», asegura.
La drástica limitación de la movilidad laboral es uno de los efectos colaterales que ha provocado la crisis de vivienda y uno de los que afecta a un sector que, aunque tiene más de 3,1 millones de ocupados, ya viene con problemas para contratar. De hecho, solo analizando el conjunto del año pasado, nueve de cada 10 empresas turísticas encontró dificultades para cubrir vacantes en 2025, un año de máxima demanda de talento y en el que la totalidad de las compañías del sector buscó incorporar nuevos trabajadores, según el el informe Claves del nuevo equilibrio laboral: tendencias y retos 2026 de Pluxee. Jiménez cuenta que «muchos establecimientos en la costa este año han tenido las puertas cerradas porque no tenían personal o por las limitaciones de horario. Podían abrir solamente cuatro o cinco días a la semana porque no podían tener plantillas más grandes para cubrir los descansos».
Aunque ella reconoce que las empresas han ajustado sus presupuestos por el encarecimiento de la vida y es más complicado subir los salarios -un 39,1% afirma haber sufrido un deterioro de sus resultados netos por el aumento de costes operativos, según Exceltur-, para los trabajadores no es solo el impacto económico que supone vivir tan lejos de su empleo, sino también los riesgos del trayecto. Jiménez inicia el viaje todos los días a las 6:30 de la mañana cuando «son sobre todo transportes de camiones y tráilers. Esa hora es peligrosa», dice. Por la tarde, regresa justo a la hora punta en la Costa del Sol y por las retenciones «ya puedo tardar hora y media o dos horas perfectamente en llegar a casa».
Como los alquileres son cada vez más altos, es una situación que afecta a más trabajadores y a la actividad del sector, principalmente durante el verano por ser una temporada de aumento en la contratación estacional; que según las estimaciones de la agencia de empleo Randstad llegarían a más de 790.200 contratos este verano. Exceltur, la patronal del sector turístico, exige al Gobierno en las prioridades turísticas frente a las elecciones generales un marco de simplificación administrativa que agilice la inversión no solo en renovación del producto, sino expresamente en la construcción de viviendas para los empleados. Al menos en la hotelería, Spring Hoteles adquirió dos edificios procedentes de la crisis para convertirlos en viviendas para sus trabajadores y Ona Hotels & Apartments ofrece a sus empleados la solicitud de cambio de zona «para que trabajen en los hoteles que más se ajusten a sus necesidades personales y profesionales».
Sin embargo, estas prácticas no llegan al conjunto del sector de la hostelería. «Incluso trabajadores con buen sueldo tratan de alquilar en pueblos del interior, como en la zona de Cártama. Tengo compañeros que viven a 50- 60 kilómetros. La que vive más lejos soy yo, pero no soy la única», apunta Jiménez. No lo es y hay quienes (aún) no tienen la suerte de tener un coche. Es el caso de Susuka Márquez (22 años), camarera y otra de las desplazadas por los altos precios de la vivienda cerca del restaurante donde trabaja, que tampoco le ha dado mucha flexibilidad.
Inicialmente vivía muy cerca de su empleo en Campanilla (Málaga), «en un bajo que parecía sótano» y por el que pagaba unos 450 euros mensuales más los gastos de luz y agua. Sin embargo, tras tres años, el propietario decidió duplicar el alquiler y «eso ya era imposible. Trabajaba solo para pagarlo», recuerda. Se mudó a Álora y como se debe a los horarios y a la frecuencia del autobús, el trayecto en las mañanas le toma algo más de una hora: «Si entro a trabajar a las 8:00, tengo que tomar el autobús de las 6:00 y perder un montón de tiempo dando vueltas hasta el inicio del turno». Pero el camino de regreso no es mejor. «Para salir me hago casi dos horas porque el tren no está cerca del trabajo. Tengo que ir hasta Málaga ciudad y ahí esperar una hora hasta que salga el siguiente tren», detalla.
A pesar de que el 85,6%de las contrataciones en el tercer trimestre del año han sido indefinidas y los salarios de hostelería han aumentado un 3,5%, según el último informe de Exceltur, los buenos datos no siempre llegan a todos los trabajadores. Márquez tiene un contrato temporal, para los que la base mínima suele ser el SMI -1.221 euros brutos al mes en 14 pagas-, mientras que alquilar una habitación puede costar alrededor de 450 euros de media; lo que se llevaría más del 36%de sus ingresos y le dejaría con un presupuesto ajustado para el resto del mes.
Por esto, hacer horas extra hace la diferencia, pero por la distancia casi no puede cumplirlas: «Pueden llamar cuando estás en tu casa. Antes podía ir corriendo a trabajar y aunque tuviera media jornada tenía extras. Ahora viviendo tan lejos, el problema es no poder llegar y no poder cobrar». Por la incompatibilidad entre el transporte y los turnos, Márquez asume que en algún momento tendrá que abandonar su puesto tras tres años: «Si ya no es algo que me viene bien, quizá voy a tener que cambiarlo». Eso sí, no puede permitirse abandonarlo sin tener otro garantizado porque teme caer en la rueda de los contratos de verano que acaban en un despido al final de la temporada alta.
En conversaciones sobre la crisis de vivienda, es inevitable mencionar el impacto de los alquileres de corta duración. Con la regulación en el mercado residencial, muchos propietarios han trasladado sus pisos al alquiler de corta duración, lo que también ha presionado al alza los precios en todos los segmentos y ha encarecido el acceso para los residentes locales. «No te dan contratos de un año siquiera, solo seis meses porque quieren aprovechar el resto del año para las vacaciones de los extranjeros», reconoce Márquez. Y es el mismo sentimiento que comparte Jiménez ya que condiciona la contratación de más personal: «Nos escriben cuando ofertamos empleo en el restaurante y son candidatos muy buenos, pero no tienen posibilidad de alojamiento. Los pisos tienen cuatro meses en los que cobran relativamente el triple de lo que ganarían en un alquiler normal para una familia o un trabajador». Hasta mayo, habían 341.001 viviendas turísticas en el país, lo que supone un incremento frente al dato previo de noviembre del 3,41%, según los últimos datos publicados por el INE.
El Gobierno inició una ofensiva legal y normativa para frenar la proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT) y redirigir el parque inmobiliario hacia el residencial habitual. De hecho, los decretos aprobados nuevamente por el Consejo de Ministros la semana pasada -que cayeron en el Congreso en su primera versión- contemplan una mayor presión fiscal y administrativa para el sector del turismo residencial y del alquiler vacacional. Por ejemplo, establece la aplicación progresiva de un gravamen de IVA del 10% a partir de diciembre para los alquileres turísticos de menos de 30 noches que no constituyan la vivienda habitual del arrendador. Sin embargo, su convalidación está en manos de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en los próximos días.
Así, el sector considera que la vivienda turística no puede analizarse únicamente como un asunto inmobiliario ya que afecta directamente al mercado laboral, a la hostelería y a la capacidad de los propios empresarios para disponer de trabajadores. «No entendemos que una persona pueda comprar una vivienda como inversión y destinarla al alquiler turístico mientras hoteles, restaurantes y demás establecimientos turísticos tienen que afrontar una regulación, unos costes laborales y unas exigencias administrativas y fiscales mucho mayores. Creemos que existe una competencia que no está equilibrada», señala Víctor Márquez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hostelería (Sintrah). «No estamos diciendo que haya que eliminar el turismo, sino que no parece sostenible que el crecimiento del alojamiento turístico se produzca a costa de expulsar vivienda del mercado residencial y, como consecuencia, a los propios trabajadores que necesita el sector».
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