Las asociaciones denuncian que el 70% cobra o prevé cobrar pensiones inferiores a 700 euros y demandan una ‘pasarela al RETA’ justa Leer Las asociaciones denuncian que el 70% cobra o prevé cobrar pensiones inferiores a 700 euros y demandan una ‘pasarela al RETA’ justa Leer
¿Qué se puede hacer hoy en día con 92 euros? Quizás pagar los suministros de una vivienda o llenar un depósito de 50 litros. Pero esta cifra no es un gasto cotidiano para María Dolores de Mayoralgo (75 años), es lo que recibe mensualmente por su pensión después de haber trabajado como arquitecta técnica -o aparejadora- más de 50 años. «La Constitución dice que todo el mundo ha de tener una pensión digna… pues a ver dónde está porque me parece lo más indigno del mundo«, denuncia. Con esta cantidad, se ha visto obligada a continuar ejerciendo en la dirección de obra en Barcelona subiendo andamios hasta las cubiertas. «Mis hijos están horrorizados. Soy consciente de que llegará un día en el que mi cuerpo no podrá más. Entonces, a ver cómo se vive con 90 euros».
De Mayoralgo llegó a esta situación debido a un marco normativo que, hace cinco décadas, no contemplaba la libre elección de régimen de previsión social. Cuando comenzó su carrera en 1974, la incorporación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) estaba «completamente prohibida» para aparejadores, procuradores, abogados o arquitectos; lo que la obligaba por ley a cotizar en una mutualidad para poder ejercer. Durante sus primeros años de ejercicio, este sistema la mantuvo al margen de la red pública de salud. «No tenía derecho a la medicina de la Seguridad Social ni a los medicamentos», cuenta De Mayoralgo, por lo que tuvo que costear íntegramente sus servicios médicos mientras sus impuestos ya contribuían al sostenimiento del sistema estatal.
No fue hasta 1997 cuando el Gobierno permitió finalmente el paso de los mutualistas a la red pública, pero bajo condiciones que los afectados califican de «inviables». El traspaso exigía empezar de cero la vida laboral y suponía la pérdida del capital acumulado en la mutualidad hasta la fecha. Ante la imposibilidad técnica de trasladar sus 23 años de antigüedad en ese entonces, De Mayoralgo se vio forzada a permanecer en un sistema privado que años más tarde enfrentaría graves problemas de solvencia. «Nos quedamos prisioneros. Luego hubo una crisis en la mutua y nos quitó del fondo un 5%. Con la crisis de 2018, cuando no se visaban proyectos, nos volvieron a quitar un 60% y finalmente quebraron porque tenían el dinero de los mutualistas en fondos y habían ido muy mal», recuerda. «Nos absorbió otra mutua, pero nos volvieron a quitar un 5% del fondo».
Así fue como De Mayoralgo terminó con una pensión total de 1.104 euros al año con 12 pagas -sin paga extra- y sin revalorización del IPC. Como ella, es una situación que afecta a miles de profesionales entre aparejadores, procuradores, abogados y arquitectos. La arquitecta técnica denuncia que «los Colegios Profesionales, afortunadamente no todos, en lugar de velar por la situación de sus Colegiados, miran para otro lado, no informan, ni colaboran». Sólo la Mutualidad de la Abogacía cuenta con cerca de 64.000 miembros, mientras que organizaciones como la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (Anmarq) -con más de 1.300 socios entre arquitectos y aparejadores- denuncian que el 70% cobra o prevé cobrar pensiones inferiores a 700 euros y más del 50% está por debajo de la pensión mínima no contributiva. Unas cifras que contrastan con la pensión media de jubilación de los autónomos españoles que supera los 1.000 euros mensuales, según datos de la Seguridad Social. Uno de estos casos es José Luis Pecker (69 años), un arquitecto en Madrid al que le ofrecieron una pensión vitalicia de 300 euros mensuales tras más de 30 años de aportaciones a la Hermandad Nacional de Arquitectos. «Se lo digo a la gente y no se lo cree», asegura.
Ante la imposibilidad de subsistir con esa cifra, Pecker se vio obligado a optar por una estrategia de «compresión»: cobrar 650 euros al mes durante una década a cambio de agotar prematuramente todo su capital acumulado. «Llevo casi tres años cobrando, lo que significa que en siete años me quedo a cero», explica. En 1997, cuando se abrió la posibilidad de cambio, Pecker ya sumaba 17 años de cotización obligatoria: «Era perderlo todo, no había opción de pasar». Ahora, a pesar de haber trabajado otros siete años como arquitecto municipal cotizando a la Seguridad Social, ese tiempo no le sirve para generar una pensión pública al no alcanzar el mínimo de años de cotización exigido por el Estado. Eso sí, recuerda que los mutualistas han sido «pagadores dobles», mientras sus impuestos nutrían los Presupuestos Generales del Estado para financiar la sanidad y las pensiones de otros ciudadanos, ellos debían costearse aparte seguros de incapacidad, vida o bajas por maternidad que el sistema público ya incluía para los autónomos del RETA. «Llevamos pagando toda una vida para que mucha gente tenga cosas que a ti no te permiten disfrutar», denuncia.
El reclamo de Pecker, junto con el resto de los mutualistas, es un traspaso «universal y voluntario» al sistema público que ponga fin a décadas de desigualdad. Esta «pasarela al RETA», que se debatirá en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados esta semana, busca que los años trabajados bajo el régimen de las mutualidades se reconozcan finalmente como tiempo de cotización efectiva en la Seguridad Social. La propuesta que el Gobierno mantiene actualmente sobre la mesa plantea un coeficiente de conversión del 0,77 para traspasar el capital acumulado, es decir, 10 años de trabajo y aportaciones a la mutualidad se convertirían en apenas siete años y medio de cotización en el sistema RETA. Además, excluye a los jubilados, como De Mayoralgo.
La falta de reconocimiento de la antigüedad real es lo que mantiene también a la abogada Gema Garreta (69 años) todavía con la toga puesta en Jaca (Huesca). En 2006, cuando el sistema cambió totalmente a la capitalización individual, ya acumulaba 26 años de carrera y la única vía legal para acceder a la Seguridad Social seguía siendo empezar su vida laboral desde cero.
Mutualidad -una de las entidades con más profesionales en esta situación- explica que el paso de un modelo de reparto a uno de capitalización individual en 2005 «fue un mandato normativo» y sostienen que este cambio, junto con sus implicaciones, «fue comunicado de forma continuada mediante asambleas y reportes periódicos». Según la entidad, se han impulsado iniciativas de asesoramiento para «alertar de que aportaciones mínimas durante largos periodos tendrían como consecuencia pensiones más reducidas». Sin embargo, los afectados denuncian que no en todos los casos fue así. A pesar de haber realizado aportaciones extraordinarias siguiendo una publicidad de la Mutualidad de la Abogacía que hoy califica de «falacia», la pensión estimada de Garreta es de 620 euros mensuales. «Hice el esfuerzo de cotizar más, pero es que eso no se ha reflejado para nada», lamenta. «Tenemos al enemigo en casa, lo hemos tenido siempre y seguimos prisioneros».
Con esta cifra, Garreta se ve obligada a seguir en activo y a cobrar, de momento, solo los intereses de su fondo para intentar que su capital acumulado no se agote antes de tiempo. «Cualquier solución que no pase por reconocernos cada año cotizado en la mutualidad como año cotizado en la Seguridad Social es injusta». Por esto, las asociaciones de afectados (Anmarq, Anama y Amco) defienden en una «Propuesta de Consenso» una equivalencia de uno por uno en tiempo, de modo que cada año trabajado cuente íntegramente para el porcentaje de la pensión.
Además, también busca desmontar el «prejuicio social» que dibuja a arquitectos, aparejadores y abogados como una élite privilegiada. Garreta subraya que el 70% o el 80% del colectivo son profesionales individuales, muchos de ellos de provincias con ingresos limitados y que están muy lejos de la facturación de los grandes bufetes o estudios internacionales. «No somos la clase pudiente de la sociedad ni mucho menos», recalca. Desde las asociaciones destacan que la idea del profesional liberal «rico» es un «prejuicio social inaceptable y falso», ya que la gran mayoría son hoy trabajadores por cuenta propia con ingresos similares o inferiores a los de otros autónomos.
La propuesta de las asociaciones plantea una reducción creciente de la aportación necesaria para entrar al sistema público en función de la edad del jubilado y su menor esperanza de vida. Por ejemplo, un profesional que se incorpore a la pasarela con 65 años debería aportar el capital necesario para cubrir una expectativa de percepción de 20 años, el ciclo estándar sobre el que se calculan estas prestaciones. En cambio, para alguien de 80 años, cuya esperanza de vida se estima en apenas cinco años más, la aportación requerida se reduciría drásticamente hasta representar solo un 25% de ese fondo inicial.
«No va a ser un tema gravoso para las arcas del Estado, porque tenemos unos fondos que traspasar», defienden, ya que aportarían el capital acumulado en sus mutuas a la Seguridad Social. Sin embargo, fuentes de Anmarq confirman que ya han entregado la propuesta en Moncloa, específicamente al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, sin obtener una respuesta.
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