El plan anticrisis que ha diseñado Moncloa complica el recorte de impuestos a la electricidad frente al diésel o la gasolina, que mantendrán descuentos hasta diciembre Leer El plan anticrisis que ha diseñado Moncloa complica el recorte de impuestos a la electricidad frente al diésel o la gasolina, que mantendrán descuentos hasta diciembre Leer
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Los consumidores se han quedado esta semana a punto de ahorrarse alrededor de once euros en la factura de la luz de noviembre, después de cinco meses de subidas encadenadas en el precio de la electricidad. Ha faltado muy poco: si el recibo de septiembre -en una factura tipo, que la OCU cifra en unos 86 euros mensuales- se hubiera encarecido solo tres euros más, el Gobierno habría tenido que bajar el IVA de la luz del 21% al 10% y el impuesto eléctrico del 5,1% al 0,5%. No ocurrirá, precisamente, porque así lo fijó el propio Ejecutivo en la cláusula de salvaguarda que introdujo en el plan anticrisis para hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Medio: la rebaja fiscal solo se activará si la inflación de la electricidad repunta más de un 15% en un año, y en septiembre se quedó en el 11,4%, según los últimos datos del INE.
La cifra del IPC contrasta con la intensa escalada que está reflejando el mercado mayorista. Tras casi medio año al alza, el precio de la electricidad ha pasado de 42,44 euros por megavatio hora (MWh) en abril a 143,25 en septiembre, más del doble que en el mismo periodo de 2025 y su nivel más alto en cuatro años, según datos de OMIE recogidos por la asociación de cosnumidores OCU. El golpe es directo para los más de ocho millones de hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC), que sigue indexada parcialmente al mercado: su factura tipo ya es un 27,5% más cara que hace un año.
En España, sin embargo, más de siete de cada diez hogares están en el mercado libre, en su mayoría con contratos a precio fijo que les protegen de esa volatilidad diaria. El golpe, en cualquier caso, también llegará a este segmento, aunque sea en diferido, cuando tengan que actualizar sus contratos. De hecho, según OCU, las renovaciones anuales y las nuevas ofertas contratadas el pasado septiembre ya registraron notables cambios al alza.
La foto es muy distinta en el caso de los carburantes, para los que Moncloa aprobó un primer paquete de rebajas en marzo que ha ido renovando en cada revisión del plan anticrisis. La tercera y más reciente, de finales de septiembre, fijó recortes al impuesto de hidrocarburos de 20 céntimos por litro en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre. Esto se traduce en que el diésel y gasolina, a diferencia de la electricidad, parten de una rebaja garantizada, que se amplía al máximo de 20 céntimos si se cumple la citada cláusula del 15%. Y por la propia naturaleza de su mercado, esa salvaguarda salta más fácilmente en las estaciones de servicio que en el recibo de la luz.
El IPC del gasóleo subió en septiembre un 34% y el de la gasolina un 27,5%, lo que forzará que el descuento quede en 20 céntimos en noviembre, en lugar de bajar a 13. Bruselas es reacia a subvencionar el combustible, en parte, porque considera que incentiva el consumo de combustibles fósiles, cuya dependencia se han revelado como una brecha de seguridad para el Viejo Continente. La continuada escalada de la gasolina y el diésel en el mercado internacional, además, se ha comido parte del alivio, reduciendo el efecto en el bolsillo de una medida que merma igualmente la recaudación. La situación global ha llevado al Gobierno a anunciar que liberará otros 4,4 millones de barriles de reservas estratégicas este mes, como parte del acuerdo sellado con la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), el brazo energético de la OCDE, cuyo fin último es contener los precios.
En la electricidad, en cambio, la escalada mayorista llega al IPC muy amortiguada. El índice del INE tiene en cuenta lo que pagan todos los hogares, y la mayoría cuentan con contratos a precio fijo en el mercado libre, que reflejan los vaivenes del pool con algunos meses de desfase. Además, tras la reforma del PVPC aprobada en la etapa de Teresa Ribera, más de la mitad de la tarifa regulada se calcula ya con los mercados a plazo, mucho más estables.
La asimetría entre carburantes y luz está avivando el pulso entre petroleras y eléctricas, y ha resucitado con fuerza la petición histórica del lobby eléctrico (apoyado también por las renovables) de modificar el esquema fiscal de la factura eléctrica, en aras de sacar costes regulados del recibo. Pero, además, la situación ha abierto un debate en torno a la competitividad en un país que ha fiado su crecimiento a la electrificación de su economía. Según un reciente análisis del comparador Selectra, el mismo hogar paga ya unos 46 euros al año menos por la luz en España que en Francia, cuando en la primera mitad de 2026 la diferencia era de 68. Es decir, nuestro país ha perdido un tercio de su ventaja en cuestión de meses.
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